“Omar” tenía 24 años cuando fue capturado durante el régimen de excepción. Al momento de su detención no padecía de ninguna enfermedad y luego de pasar siete meses detenido realizó una llamada a su casa: “decile a mi mamá que estoy bien enfermo, que tengo un dolor de estómago y los custodios no me hacen caso”. Fue lo único que pudo mencionar en esa llamada. 

El diagnóstico en el hospital fue: desnutrición, deshidratación y anemia profunda. Debido a eso el juzgado le otorgó medidas alternas a la detención. Durante  la audiencia especial la jueza se dirigió a un familiar de Omar: “lamento darle una buena y una mala noticia. Le voy a dar la buena… en las dos audiencias y en el polígrafo que le hicieron en Izalco él salió inocente; pero le voy a dar la mala… tiene insuficiencia renal terminal”.

A pesar que según el Código Procesal Penal en su artículo 93 prohíbe el uso del polígrafo para una declaración en un proceso penal, la familia de Omar describió que esas fueron las palabras de la juez en esa audiencia.  

La madre de Omar mencionó que su hijo estaba “irreconocible”, y al salir de prisión le realizaron exámenes y detectaron que las paredes del estómago estaban llenas de agua negra,  el doctor le dijo a la familia que a lo mejor cuando estuvo en la cárcel recibió muchos golpes. “De seguro él recibía golpes en el estómago, pero a él se le reventó la gastritis… él ya no tiene cura, es de esperar”, les dijo el médico. Omar murió dos días después en su casa. 

Este es uno de los 153 casos sobre reos fallecidos durante el régimen de excepción que ha documentado la organización Cristosal, quienes desde marzo de 2022 han recibido miles de denuncias sobre violaciones a derechos humanos. 

En el informe agruparon en cuatro categorías las posibles causas de muerte de los reos bajo custodia del Estado: muerte violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad.

Según detalló la organización en su reciente informe, presentado la mañana del lunes 29 de mayo, señalan que tienen conocimiento que  la policía ha hecho levantamiento de cadáver en 24 casos de privados de libertad que se encontraban recluidos en diferentes centros penales, entre estos: el Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas “La Esperanza”, conocido como Mariona, los penales que conforman el Complejo Penitenciario de Izalco y en diferentes bartolinas policiales. “Estos casos fueron registrados por la Policía como homicidios”, describe Cristosal. 

La investigación, revela, además que las muertes de privados de libertad fueron el resultado de torturas, lesiones graves y sistemáticas en contra de los reclusos. Detallan que casi la mitad de las personas fallecidas en penales fueron víctimas de muertes violentas confirmadas. 

"Esta es una lista detallada de la cantidad de personas fallecidas. Aclaro que esto no significa que solo hay estas muertes, porque hay evidencia y testimonios que muchos han sido enterrados en fosas comúnes", dijo Zaira Navas, de Cristosal, durante la presentación del informe. 

A pesar que estos casos fueron reportados como homicidios por la institución policial, el gobierno no agregó estas muertes violentas en su conteo diario. Durante la administración del presidente Bukele ha existido opacidad con respecto a estas cifras. En mayo de 2022, La PNC emitió una declaratoria de reserva de información detallada sobre homicidios, desapariciones, personas detenidas, entre otras. 

La investigación realizada por la organización de derechos humanos concluyó que al menos 28 privados de libertad, fallecidos entre el 27 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2023, tuvieron una muerte violenta por tortura , golpes, asfixia mecánica por estrangulación y lesiones. 

Entre estas muertes, Cristosal identificó un patrón común: “el cadáver presenta laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento, entre otros”. 

MÁS TORTURAS

Uno de los primeros casos documentados por organizaciones sobre muerte a causa de tortura fue el de Elvis Josué Sánchez Rivera, el joven músico que falleció el 18 de abril de 2022 dentro del Centro Penal de Izalco, en Sonsonate. 

“El cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos, llagas en la espalda en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura. El cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado”, mencionó la organización en el informe. 

Sobre los 153 casos documentados, Cristosal afirma que la atención de salud para la población penitenciaria en general “es nula o deplorable”, lo que conlleva, según la investigación realizada, a que cualquier enfermedad previa que lleve el privado de libertad se agrave durante la detención. 

Con base a esa afirmación también concluyen que los malos tratos al interior de los penales desencadenan enfermedades graves e incluso terminales.

Otra de las situaciones que evidenció el informe de Cristosal es que existe contradicción entre la causa de la muerte consignada en las esquelas de Medicina Legal con respecto a las condiciones que presentaban los cadáveres. 

La organización recogió el testimonio de familiares de un hombre 44 años, que según sus allegados, no padecía ninguna enfermedad al momento de la captura. Permaneció solamente cuatro meses en la cárcel, en un primer momento en Mariona y luego fue trasladado al penal de Quezaltepeque. 

Posteriormente fue enviado al Hospital Rosales donde permaneció ingresado aproximadamente por un mes y falleció en ese lugar. La esquela extendida por Medicina Legal detalla que falleció por “neumonía”, pero al momento de reconocer el cadáver, presentaba llagas y había perdido mucho peso, “había sido una persona robusta y estaba irreconocible”, relató la familia.

A continuación podés consultar el listado con todos los casos documentados y corroborador por Cristosal. La base de datos ha sido cedido a LA PRENSA GRÁFICA para que esté a disposición de todo el público y puedes buscar un nombre específico, un centro penal o una causa de muerte utilizando el buscador en la tabla:

* Cristosal sostiene que en el primer año del régimen de excepción hubo 139 muertes de privados de libertad. Hasta abril de 2023, Cristosal tiene registro verificado de 153 reos que fallecieron bajo custodia del Estado. Pero aseguran que hasta el 26 de mayo de 2023 esa cifra ya había aumentado a 160 fallecidos. 

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JavierUrbina

DavidBernal