En enero de 2025, las autoridades de Estados Unidos registraron la detención de 223 niños salvadoreños no acompañados en la frontera sur, según datos del Southwest Land Border Encounters. Esta cifra refleja una disminución en comparación con el mismo periodo en 2024, cuando se detuvieron 489 menores provenientes de El Salvador, lo que muestra una reducción significativa en un año.

Esta tendencia se produce en el marco de un endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, que ha puesto especial énfasis en disuadir la llegada de menores no acompañados a través de medidas como la reactivación del programa “Quédate en México” y la suspensión de servicios legales clave para estos niños. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la falta de protección y acceso a asesoría legal incrementa la vulnerabilidad de los menores detenidos en la frontera.

El Centro para Estudios de Género y Refugio (CGRS, por sus siglas en inglés) exigió hoy al gobierno de Estados Unidos que restablezca de inmediato el programa de servicios legales para niños inmigrantes no acompañados, suspendido abruptamente por la administración Trump. Este programa, gestionado por el Acacia Center for Justice, ha sido un pilar durante más de una década en la protección de los derechos de niños que buscan asilo y otras formas de alivio humanitario en Estados Unidos.

La suspensión del programa fue anunciada tras una orden del Departamento del Interior que detuvo todas las actividades del Programa de Niños No Acompañados. Según el CGRS, esta decisión contradice la Ley William Wilberforce de Reautorización de Protección para Víctimas de Tráfico de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés), que establece procedimientos para proteger a niños no acompañados del tráfico y el abuso.

Christine Lin, directora de Capacitación y Asistencia Técnica del CGRS, condenó la medida: “Esperar que un niño se represente a sí mismo en un tribunal de inmigración es absurdo e injusto. Este programa ha evitado la deportación ilegal de niños refugiados hacia países donde enfrentarían persecución y tortura. Para los casi 26,000 niños que actualmente reciben representación, la continuidad de este programa puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.”

El Programa de Niños No Acompañados ha sido crucial para garantizar el acceso a la justicia de miles de menores que enfrentan un sistema migratorio complejo y punitivo. A través de la asistencia legal, el programa no solo protege los derechos de los niños, sino que también ayuda a agilizar los procedimientos en los tribunales de inmigración.

La decisión de suspenderlo ha sido calificada como cruel e ilegal por defensores de derechos humanos y organizaciones legales, quienes advierten que esta medida dejará a miles de niños en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin representación legal, muchos menores corren el riesgo de ser deportados a países donde podrían sufrir abuso, persecución o incluso la muerte.

El CGRS instó al gobierno a revertir la decisión y cumplir con las leyes contra la trata de personas que protegen a los menores migrantes. “El sistema debe tratar a los niños con dignidad y justicia. El gobierno debe restaurar de inmediato este programa vital,” concluyó Lin.

En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, esta suspensión se suma a una serie de decisiones controvertidas que han afectado a las comunidades migrantes. Organizaciones como el CGRS continúan luchando por la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes internacionales que Estados Unidos está obligado a respetar.