Amnistía Internacional se pronunció tras la deportación de 238 venezolanos a El Salvador acusados de pertenecer al Tren de Aragua y mostró preocupación porque esto ocurra en un estado de excepción.
Preocupación por el modelo de “seguridad” del presidente Nayib Bukele y las medidas adoptadas por los Estados Unidos relacionadas a los migrantes recién enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT), acusados de pertenecer al Tren de Aragua, advirtió este día Amnistía Internacional.
“Existe una conexión clara y preocupante (...) Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios. Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos”, sentenció la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Amnistía expone preocupante que se normalice a nivel nacional como internacional las vulneraciones al debido proceso que ocurren en El Salvador y señala que estas deberían estar siendo condenadas y no imitadas por otros gobiernos como el de los Estados Unidos.
“Es la peligrosa consecuencia de que unas prácticas autoritarias se vuelvan sistemáticas y recurrentes: dejan de ser abusos aislados para convertirse en política oficial del Estado”, condenó el ente internacional, pidiendo, a la vez, al gobierno salvadoreño y otros de las Américas de abstenerse a la práctica de programas “injustos” de deportaciones y traslados.
Pidió, además, a las autoridades estadounidenses el retorno inmediato de los trasladados ilegalmente a El Salvador, así como el cese total de todas las expulsiones en aplicación de la misma orden ejecutiva y la suspensión inmediata de todos los programas de detención y deportación masiva.
Otra de las alarmas emitidas por Amnistía Internacional es que la expulsión de los 238 venezolanos se haya ejecutado a pesar de una orden judicial que prohibía el traslado.
“Esta representa no solo un desprecio manifiesto de las obligaciones de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución”, enfatizó.
La preocupación por estas medidas también ha sido manifestada por otras entidades como Human Rights Watch (HRW) y el juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, quien analiza el riesgo de que los venezolanos deportados sufran torturas y malos tratos, según consigna una opinión de la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos.
Unos 238 venezolanos fueron deportados el fin de semana pasado a El Salvador y terminaron resguardados en el CECOT, bajo la acusación de ser parte del Tren de Aragua.
La deportación de los ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos ocurrió porque el presidente Donald Trump ordenó expulsarlos y enviados a la cárcel salvadoreña bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que permite deportar a no ciudadanos sin el debido proceso. La proclamación emitida por Trump argumentó que la ley de tiempos de guerra podía implementarse porque la pandilla está “llevando a cabo una invasión” en Estados Unidos.
Este periódico tuvo acceso a las declaraciones juradas de algunos abogados que representan a los venezolanos en la Corte del Distrito de Columbia, donde se ventila la causa contra el Gobierno de Donald Trump, por haber permitido el traslado sin haber cumplido el debido proceso.
Abogados defensores de venezolanos deportados a El Salvador han presentado en los últimos tres días, declaraciones juradas de venezolanos donde la familia y sus abogados declaran bajo juramento y con pruebas sobre ello, de la inocencia de estas personas.
Los documentos presentados argumentan como principal prueba que los tatuajes que llevan los venezolanos no tienen nada que ver con el Tren de Aragua.
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