La CEL acaba de cerrar un acuerdo para que una empresa estatal tica supervise los trabajos durante 17 meses. En agosto de 2020, Bukele dijo que en un año iban a finalizar el proyecto, ese tiempo ya pasó.
Millonario. $219.9 millones era el costo inicial de El Chaparral, las autoridades indican que este aumenta a cerca de $760 millones tras tantos retrasos.
Más retrasos en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral quedan al descubierto a raíz de un contrato suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El 29 de septiembre pasado, en San Salvador, autoridades de ambas entidades concretaron un acuerdo para que el ICE, una empresa estatal tica, supervise las obras de construcción en El Chaparral. El contrato suscrito es para un plazo de 17 meses y por un monto de $7.8 millones.
Los trabajos que los expertos del ICE van a supervisar corresponden a la cuarta etapa constructiva del proyecto hidroeléctrico que comenzó a ejecutarse en septiembre de 2008, cuando Antonio Saca era presidente de El Salvador.
Las líneas de supervisión de las obras están definidas a partir lo que establecen los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto.
"El Instituto se encargará de supervisar y validar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos. Nos encargaremos de comprobar la calidad de los materiales, los equipos, los componentes y la mano de obra, así como de la revisión y la aprobación de procedimientos operativos tanto de construcción como de montaje por parte de los contratistas", explica el gerente de Electricidad del ICE, Luis Roberto Rodríguez, según un comunicado de la empresa.
Aparte de lo mencionado por Rodríguez, el contrato también permite que el ICE dé asistencia a los contratistas de CEL en cuanto a análisis y resolución de órdenes de cambios o modificaciones de cláusulas contractuales.
El proyecto de construcción de la presa El Chaparral fue cuestionado por el actual presidente de la república, Nayib Bukele, quien denominó la obra como un "monumento a la corrupción" de las anteriores administraciones gubernamentales.
En 2013, la Fiscalía anunció que investigaba anomalías en el proyecto. Por el caso están procesados el expresidente Mauricio Funes, el expresidente de CEL, Leonel Samour; y dos empleados de la constructora Astaldi: el exrepresentante de la compañía para Centroamérica, Mario Pieragostini; y un contador.
Aunque suspender la obra fue una opción considerada por Bukele, decidieron continuarla y en agosto del 2020 prometió que iba a estar finalizada en un año.
"Lo que no pudieron hacer los tres gobiernos anteriores en 11 años, nosotros lo vamos a hacer en un año, vamos a demostrar que el dinero alcanza cuando nadie roba y vamos a perseguir a quienes se robaron acá el dinero del pueblo", dijo Bukele el 4 de agosto de 2020.
El año que el presidente colocó como plazo ya finalizó y las obras siguen. De hecho, la firma del contrato CEL-ICE indica que pueden durar hasta alrededor del primer trimestre del 2023.
Los reiterados retrasos que ha tenido la obra elevan en millones el costo con el que fue valorada al inicio.
Cuando el proyecto comenzó, las autoridades del Ejecutivo dijeron que iba a costar $219.9 millones. De este monto, la CEL obtuvo $163 millones a través de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE), eso representaba el 74 % del costo total y el resto del dinero debía salir del presupuesto de la institución.
Antes de concretar el inicio de las obras, las autoridades lidiaron con el rechazo de la población afectada por la construcción de la presa hidroeléctrica situada sobre el Río Torola, específicamente en el punto entre los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luis de la Reina, todos ubicados en la zona norte del departamento de San Miguel.
La edificación requería una porción de tierra equivalente a 1 mil 300 hectáreas, esto implicó la reubicación de cientos de personas y la compra de sus terrenos.
La CEL otorgó el contrato de construcción a la empresa italiana Astaldi, quien comenzó entre finales de 2008 e inicio del 2009 con las obras de construcción.
En 2010 y a raíz de la Tormenta Tropical Agatha, parte de la construcción fue destruida por el cauce del río que creció debido a las lluvias. Astaldi entonces planteó la necesidad de rediseñar el proyecto porque la montaña colindante a la obra había tenido "movimientos geológicos". Sin embargo, la modalidad con la que CEL le había concedido el contrato le impedía efectuar cambios al proyecto.
Desde este suceso y hasta la fecha, la construcción de El Chaparral ha tenido retrasos que elevan su costo arriba de $755 millones, según cifras oficiales.
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