Miembros de la MECIES hablaron del asesinato de Monseñor Romero, la masacre de la familia Guzmán, la emboscada de los cuatro periodistas holandeses, la masacre de El Mozote y otros que todavía siguen sin llegar a una condena.
La MECIES habló sobre la impunidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado salvadoreño.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), conformada por varias organizaciones, habló de siete casos emblemáticos que llevan varios años en sede judicial pero aún no han terminado en condena para los acusados. Esto, según ellos, debido a la complicidad de las instituciones del Estado, que cometen “impunidad institucionalizada”.
Entre los casos que mencionaron están el magnicidio de Monseñor Óscar Romero, la emboscada de los cuatro periodistas holandeses, la masacre de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras; la masacre de El Mozote y sitios aledaños, la desaparición forzada de la familia Guzmán, niñez desaparecida y práctica de torturas.
Describieron que los patrones de impunidad en estos crímenes de guerra prevalecen hasta la actualidad y son la falta de profundizaciones en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la omisión de jueces que aplican el Código Penal de 1974, falta de investigaciones contra ex jefes militares, el bloqueo de archivos militares, entre otros.
Además, acusaron a las instituciones gubernamentales de incumplir sentencias internacionales y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de paralizar los casos a pesar que tienen muchas pruebas para condenar a los acusados, uno de los ejemplos fue el caso de El Mozote.
David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal y uno de los abogados de las víctimas de El Mozote, dijo que este caso es el que más pruebas tiene para condenar a los acusados, pero no ha sido suficiente para que avance a juicio.
Asegura que a pesar de los avances significativos que hubo desde 2016, cuando el anterior juez Jorge Guzmán reabrió el caso, este se estancó desde septiembre de 2021, cuando llegó la nueva jueza.
(La nueva jueza) ha aplicado criterios dilatorios, está haciendo acciones de investigación sin ordenarla en una resolución judicial, sin notificar a las partes, diligencias que no llegarán a constituir prueba, entrevistando con prácticas revictimizantes a decenas de testigos que ya declararon, ha anulado la transparencia del proceso, ni siquiera los abogados y abogadas que somos partes técnicas, podemos llegar a consultar físicamente el expediente en el tribunal, no nos permite el acceso”, denunció Morales.
Otro de los casos que representa Cristosal es el de la masacre de la familia Guzmán. Irene Guzmán, abogada del caso, dijo que a pesar que la denuncia está desde 2017 este no avanza a sede judicial, a pesar que han presentado pruebas contundentes del caso.
La Fuerza Armada de El Salvador niega los archivos militares cuando se le ha requerido información militar. También dentro de este caso está el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el cual también se había solicitado información al Ministerio de la Defensa, lo cual también lo ha negado sistemáticamente.Hay una información que sí la proporcionó, pero es incompleta,”, aseveró.
Del caso del magnicidio de Monseñor Romero, Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal María Julia Hernández y quien forma parte del proceso judicial, dijo que en el proceso que está en etapa de instrucción han presentado documentos que no estaban incluidos, como el informe de la Comisión de la Verdad, entre otros.
A partir del año 2019 el Estado le nombró una defensora a Álvaro Sarabia (principal acusado del asesinato) que es de la Procuraduría General de la República y a partir de este año también esta defensa ha estado solicitando la anulación del proceso debido a la supuesta indefensión de Álvaro Sarabia, que se encuentra prófugo, pero también ha estado obstaculizando diligencias que se han solicitado al tribunal”, aseveró Díaz.
Otros de los casos denunciados fueron la desaparición forzada de 16 niñas y 8 niños en la masacre de El Mozote; 6 niñas y 6 niños en El Calabozo; además de 27 niñas y 27 niños y una mujer embarazada con su hija o hijo no nacido que fueron víctimas de la Guinda de Mayo.
Las organizaciones presentes pidieron a jueces y fiscales encargados de los casos del conflicto armado que no retarden sus investigaciones, al gobierno que “cese su protección a los responsables de tales crímenes” y que permitan el acceso a los archivos militares y no que instrumentalicen los casos. A la Asamblea Legislativa le pidieron que apruebe la Ley de Justicia Transicional que ya lleva 9 años de atraso.
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