En columnas anteriores hemos señalado que si usted es un trabajador en El Salvador, cada mes le descuentan el 7.25% de su salario como parte de su aporte obligatorio a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Su empleador también contribuye con un 8.75%, lo que suma un total del 16% de su salario destinado a su pensión. De esa cantidad, solo un 9% sigue siendo suyo, depositado en su cuenta individual de ahorro para pensiones. El resto se divide entre el fondo común y la comisión de la AFP. En teoría, este dinero se invierte para garantizarle un retiro digno. En la práctica, la historia es muy diferente.

Desde hace dos décadas, los gobiernos han distorsionado el sistema, utilizando los ahorros de los trabajadores para financiar, con suerte, el gasto público. En 2022, una reforma eliminó los límites de financiamiento al gobierno con este tipo de fondos y le permitió modificar unilateralmente las condiciones de la deuda adquirida con los cotizantes. Hoy, el Estado no está en impago con bancos internacionales, sino con sus propios ciudadanos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado sobre esta situación en su reciente acuerdo con el gobierno salvadoreño. Según el FMI, la Cuenta de Garantía Solidaria, encargada de complementar las pensiones de los jubilados, podría agotarse en 2027 si no se realizan cambios estructurales. 

Aun así, no hay señales de una reforma que corrija el rumbo. El problema de fondo no es solo financiero, sino también político: la falta de independencia de los órganos de control impide que los ciudadanos exijan transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de sus ahorros. No hay una Sala de lo Constitucional, Corte de Cuentas, Fiscalía ni ninguna organización que vele genuinamente por los derechos de todas las personas. 

Como CEJ tenemos años diciendo que el modelo actual de las pensiones es insostenible y que ha requerido cambios urgentes. Sin embargo, la solución no puede ser simplemente incrementar las cotizaciones ni prolongar la edad de jubilación sin garantías de que los fondos serán bien administrados. 

Se deben tomar medidas concretas que protejan los ahorros de los trabajadores y aseguren su rentabilidad. Se debe restablecer un límite estricto al financiamiento del gobierno con los ahorros de pensiones, garantizando que la inversión de estos fondos se realice en instrumentos seguros y rentables; también se debe permitir una mayor diversificación en la gestión de los ahorros, en sectores productivos que generen mejores rendimientos. 

Adicionalmente, el gobierno debe abrir el debate sobre el futuro del sistema con participación de expertos, sector privado y sociedad civil, cosa que no ha existido en ninguna de las reformas realizadas. La falta de transparencia y consulta solo perpetuará la incertidumbre y la desconfianza de los ciudadanos en el sistema de pensiones al que estamos obligados a cotizar. 

El dinero que mes a mes se descuenta a los trabajadores no es un recurso del Estado: es un derecho adquirido de quienes han trabajado toda su vida esperando un retiro digno. Si el gobierno insiste en utilizar estos ahorros para cubrir déficits fiscales, en unos años nos enfrentaremos a una crisis mayor: un Gobierno perpetuamente oscuro, miles de jubilados sin pensión y un sistema de pensiones en ruinas. ¿Estamos dispuestos a permitirlo?