Ni siquiera la acumulación de un capital político abrumador justifica la simplificación, alienación y destrucción del proceso de formación de las leyes, de los procesos de la administración pública o del funcionamiento regular del Estado. Se dice fácilmente pero hacerlo requiere de una voluntad democrática y de una madurez de pensamiento que nunca fueron habituales en El Salvador.
En retrospectiva se opina que los bloques de la derecha e izquierda que libraron el conflicto armado firmaron los grandes acuerdos nacionales y condujeron con tolerancia la posguerra pero cada que vez pudieron, cuando fueron gobierno y gozaron de una correlación favorable en la Asamblea Legislativa, Arena y el Fmln se resistieron hasta donde pudieron a escuchar a sus opositores, a transparentar su gestión e intentaron -a la postre sin éxito- simular ser buenos administradores cuando detrás de bastidores se manoseó el erario y se despilfarraron recursos nacionales.
Las posibilidades de que un grupo de poder, los financistas de una fuerza política o los líderes de un gobierno que recogió tanto apoyo popular como para dominar el poder legislativo y ponerlo a las órdenes del ejecutivo no se resistan a esa tentación, denominen gobernabilidad a la sumisión y se resistan a cualquier tipo de crítica o disidencia son altas. Es lo que el país atestigua con creciente conciencia y pesar desde hace algunos años: exceptuando a quienes creen que los funcionarios son infalibles, la mayoría de la población entiende que es poco probable que sus quejas y solicitudes sean escuchadas porque los administradores del Estado han sembrado distancia con la gente.
Para disimularlo, se vende una metáfora de democracia a través de algunos programas de propaganda disfrazados de libre ejercicio de la opinión en los que, previa organización de un guión, algunos funcionarios se presentan a recitar sus líneas sin ninguna pregunta incómoda ni cuestionamiento; también se hace desde las redes sociales, donde cuando es conveniente para el discurso oficial, se desarrolla una pantomima de cabildo abierto.
La más reciente de esas recreaciones fue la del cierre de la veterinaria pública debido a las presuntas quejas del público de que era un hospital "para ricos". Poco después, ante los reclamos de muchos ciudadanos que utilizan los subsidiados servicios de esa institución, el presidente anunció que continuaría operando ante la aclamación de la gente.
El gobierno se encuentra en una dinámica de ajuste fuerte, inconsulta, los resultados de cuya implementación van siendo padecidos antes que comunicados por la ciudadanía: cierre de centros escolares, disminución del personal de salud pública, déficit de medicamentos en la red hospitalaria, precarización de los servicios municipales, etcétera. El cierre de Polipet, del Instituto de Bienestar Animal y de Chivo Pets respondieron a esa misma lógica; la narrativa ya es lo suficientemente difícil para el oficialismo pero ya que se quiere servir al mismo tiempo a la popularidad y al Fondo Monetario Internacional -una idea poco viable-, se ideó una justificación coyuntural.
La coyuntura devino en tales expresiones de rechazo de tantas personas que el gobierno retrocedió en lo relativo a la veterinaria; por supuesto, está claro que ni se abrió con los dividendos de la inversión en bitcóin ni operará bajo ese modelo sino que continuará siendo un servicio pagado por los contribuyentes para los contribuyentes. Pero ni antes ni después del anuncio presidencial hubo discusión, análisis ni ponderación de la decisión. Esa simplificación de los procedimientos y ese exceso de discrecionalidad ejecutiva dan cuenta en lo pequeño de los problemas que el país tiene en lo macro, por ejemplo la falta de seguridad jurídica que disuade a los inversionistas afincados en Centroamérica de cambiar el destino de sus proyectos y traerlos a El Salvador.