Abogados aseguran que vulnera el derecho a la defensa, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros.
Las reformas propuestas al Código Penal y Código Procesal Penal que fueron solicitadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y que ya cuentan con dictamen favorable de parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, fueron denunciadas este viernes 7 de febrero de 2025 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por vulnerar derechos a la población.
Dichas reformas elevan las penas por delitos como homicidio simple y contra el patrimonio. La modificación destacada es la del artículo 128, el cual regula la pena de prisión para las personas condenadas por cometer homicidio simple. En el código vigente se ordena una pena de prisión de entre 15 y 20 años y en la reforma aprobada se incrementa la pena entre 20 y 26 años de prisión.
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Según el documento de la alerta enviado a la ONU, en cuanto a las reformas Código Procesal Penal con respecto a restringir los delitos patrimoniales que pueden ser objeto de conciliación, advierten que obliga a las víctimas tener que pagar los peritajes pertinentes idóneos respecto a los delitos de administración fraudulenta, así como aumentar condena en una tercera parte si la persona condenada no paga acción civil.
Destacan también poder utilizar la confesión de un imputado beneficiado con el proceso abreviado para poder acusar o fundamentar la acusación de otros imputados o terceros que supuestamente hayan cometido delitos, sin la presencia de un defensor de las personas señaladas o acusadas, entre otras denuncias.
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La alerta fue interpuesta por los abogados penalistas Jayme Magaña y Otto Flores, a través de la organización Mujeres por la Transparencia, tiene la referencia r7ncxmqp y está bajo los mandatos de capturas arbitrarias, orden internacional, independencia de los magistrados y abogados, cuestiones de las minorías, verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Se busca excluir la capacidad de conciliación entre víctimas y el acusado de poder llegar acuerdos que permitan salidas alternas al proceso penal, así como el destruir el principio de igualdad de armas de las partes procesales intervinientes para hacer más fácil a la Fiscalía General de la República poder conseguir condenas, vulnerando el derecho al acceso a la jurisdicción,el debido proceso,el derecho ala defensa y el principio de inocencia", cita el reporte.
Para Magaña, el incremento de las penas no están acordes a los estándares internacionales por lo que realizaron el procedimiento de denuncia ante la ONU "por el nivel de daños a los derechos de la población que va a hacer la reforma".
Se ha enviado la notificación a las Naciones Unidas, a la misión en El Salvador, esperando que los diputados sean conscientes del tipo de daño que le harán a la población al aprobar una reforma en la que las penas son demasiadas altas y no están acordes al estándar internacional, ni los parámetros que establece el derecho penal actual", indicó.
Es la segunda denuncia realizada ante la ONU sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal tras la interpuesta en julio de 2024 cuando se intentó hacer dichas modificaciones.
Para Otto Flores, la presunción de inocencia será vulnerada con estas reformas, por lo que considera oportuno que la ONU pueda conocer dichas modificaciones. Menciona además que las personas que están siendo procesadas en el marco del régimen de excepción verán vulnerados sus derechos y propensos a recibir condenas sin un proceso adecuado.
Es obvio y claro que estas reformas atentan con derechos constitucionales y derechos humanos que son sido establecidos en diferentes tratados internacionales que El Salvador ha suscrito y ratificado como tal, por lo tanto es una violación al sistema de garantías de protección de la Constitución y a nivel Internacional. Es importante que un organismo como Naciones Unidas conozca estas reformas y sepa lo que está sucediendo, pues generan un peligro para que sea fácil la vulneración de derechos humanos de la población", mencionó.
La alerta a la ONU expone que los derechos vulnerados son: el derecho al acceso a la jurisdicción, el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad humana, el principio de legalidad y el principio pacta sunt servanda.
En la plenaria de este día, la junta directiva de la Asamblea Legislativa ingresó a la agenda los dictámenes de estas reformas, para ser aprobados.
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