La Fiscalía los acusa de usar dinero del Estado en beneficio de terceros, que incluyen el acuerdo de dádivas para Mauricio Funes y Menéndez desde Astaldi. El dinero salió de la empresa italiana hacia distintas sociedades fachada que terminaron en cuentas en Panamá cuyas claves eran manejadas por el expresidente Funes.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes el dictamen de acusación contra seis personas por el caso El Chaparral, en el que se apropiaron cerca de $50 millones. Foto de La Prensa/Jonatan Aguilar
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes el dictamen de acusación contra seis personas por el caso El Chaparral, en el que se apropiaron cerca de $50 millones.
Los acusados son el expresidente Mauricio Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) José Miguel Antonio Menéndez (conocido como Mecafé), el representante de la empresa italiana Astaldi Mario Pieragostini Maiocchi y el contador de la misma José Efraín Quinteros.
"Los delitos que se les atribuyen son peculado, cohecho activo, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas", indicó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía los acusa de usar dinero del Estado en beneficio de terceros, que incluyen el acuerdo de dádivas para Mauricio Funes y Menéndez desde Astaldi. El dinero salió de la empresa italiana hacia distintas sociedades fachada que terminaron en cuentas en Panamá cuyas claves eran manejadas por el expresidente Funes. También movieron fondos hacia cuentas de un spa en El Salvador y a sociedades con sede en Suiza, las islas Marshall y Curazao.
"Estamos presentando el dictamen de acusación porque el período de instrucción termina hoy", dijo el fiscal general Raúl Melara.
"Cuando se presenta el requerimiento se ofrece prueba, durante el período de instrucción se analiza la prueba ofrecida que es lo que hemos venido haciendo en este período", explicó. Dijo que eso incluye la realización de 34 experticias, las entrevistas a testigos en sede judicial y el análisis de documentos, entre otros, que permiten "ratificar lo que en su momento se presentó en requerimiento en diciembre de 2018".
La Fiscalía agregó que este día también presentará la querella (acusadores particulares) un documento para solicitar la responsabilidad civil; mientras la Fiscalía se encarga de la parte penal.
"Todo el trabajo de este proceso ha sido desarrollado por la Fiscalía y no ha habido otras instituciones que hayan intervenido al respecto", dijo, cuando se le preguntó qué papel ha tenido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Dijo que "hubo una reunión" entre representantes de la CICIES y la Fiscalía para hablar de los pormenores del caso pero para entonces todas las diligencias ya se habían realizado.
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