Miembros de la Mesa frente a la Minería Metálica señalaron este viernes que el Gobierno excluyó del proyecto de presupuesto de 2023 a los fondos necesarios para el cierre técnico de minas y la reconversión de la minería artesanal, una deuda ambiental pendiente desde hace más de cinco años. 

Según los ambientalistas, esta falta de recursos ha impedido el cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 2017. Señalan que el Ministerio de  Economía, encargado de aplicar parte de la normativa, no ha incluido acciones o rubros presupuestarios para el cierre técnico de minas, tal como contempla la referida ley.

Edgardo Mira, representante de la Mesa, indicó que el Estado salvadoreño tampoco está atendiendo el tratamiento a las aguas contaminadas por minería. “No hay medidas concretas que contribuyan a tratar adecuadamente problemas con pasivos mineros y las consecuencias en la población salvadoreña, sobre todo aquellas que viven donde se localizan estos pasivos”, dijo Mira. 

El economista de Panorama Económico, José Luis Magaña, señaló que en los presupuestos 2021 y 2022 el Gobierno solo ha asignado recursos para la reconversión de la mina San Sebastián, ubicada en Santa Rosa de Lima, La Unión, pero están pendientes de atender la contaminación causada por otras 14 minas. 

Magaña indicó que la asignación para el pasivo minero de San Sebastián ha sido apenas el 0.003 % del total de los presupuestos de inversión pública del Estado.  “Estamos hablando que del total de inversión pública y lo que está destinado a la reparación de pasivos mineros ambientales es incluso menos de un centavo partido por la mitad, y además hubo bajo nivel de ejecución”, dijo. 

El economista afirmó que no hay un plan del Gobierno para reparar la contaminación causada en las minas, incluso en la de San Sebastián que sí tiene fondos asignados. 

Magaña señaló que en el proyecto de presupuesto 2023, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía (MINEC) tiene asignados $4 millones y en los propósitos establecidos en el mismo proyecto incluye reformas a la ley. 

“Se están planteando reformas a la Ley de Minería y el reglamento. Es interesante que aparezca eso en el presupuesto sin que exista un debate público sobre cuáles son las reformas que se están intentando presentar desde la Dirección de Hidrocarburos, y que tampoco exista un detalle más específico de cuáles son esos $4 y medio millones en el presupuesto, o cuales serán destinados al proyecto de minería”, dijo Magaña.

Los ambientalistas instaron al Gobierno a realizar una evaluación de las medidas de reparación de pasivos mineros y que destinen más recursos al MARN para incrementar acciones para detener la contaminación.