La jueza del Juzgado Noveno de Instrucción reaccionó al amparo interpuesto la semana pasada por el presidente de la CEL.
Jueza niega “retraso de la justicia” por caso El Chaparral
“No se ha rechazado el embargo a la empresa, pero de qué sirve acelerar algo si al final no habrá un buen resultado. El peritaje dará la cantidad exacta o un estimado, pero ahorita están trabajando y se debe tener una base cierta”, dijo la jueza Nora Montoya al referirse al amparo interpuesto por abogados de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quienes forman parte de la querella en relación al proceso judicial de El Chaparral.
La semana pasada la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera sección del Centro declaró improcedente una petición de la querella para ordenar al Juzgado Noveno de Instrucción que ejecute un embargo preventivo contra José Leopoldo Samour y Mario Pieragostini, y contra la empresa Astaldi, acusadas de cohecho y peculado en la construcción de la presa El Chaparral.
La jueza aseguró que la querella solicitó el embargo a los bienes de la Sociedad Astaldi y en septiembre de 2020 ella ordenó embargar $227 millones a la empresa vinculada a la construcción fallida de la presa El Chaparral. En la resolución, con fecha 28 de septiembre, la jueza señaló que era procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, para que se pudiera materializar el embargo a bienes de Astaldi.
“Efectivamente accedí a ordenar el embargo. Sin embargo, la defensa apeló porque es una medida patrimonial y la Cámara anuló la resolución manifestando que para ellos era necesario el cumplimiento de una serie de requisitos para valorar si procedía o no”, dijo Montoya.
Al consultarle sobre las posibles irregularidades o el “retraso en la justicia” que alega la querella, la juzgadora dijo que es probable que los abogados de CEL hayan manejado el caso de esa manera y enfatizó que la Cámara ha establecido ciertos parámetros y esos se están cumpliendo en estos momentos.
Autoridades de la CEL han señalado que el proceso ya tardó demasiado y que se está privando al estado salvadoreño de recuperar cerca de $228 millones.
“La verdad es que no es el momento procesal oportuno para que el juez haga valoraciones si el peritaje le sirve o no le sirve, porque tenemos que cuidarnos de no adelantar un criterio”, señaló la jueza.
El Juzgado Noveno de Instrucción finalizará funciones el próximo 15 de abril y se reconvertirá en un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por lo que el caso El Chaparral pasará a otro juzgado.
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