La Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos dice: “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida”.
A pesar de ello, el presidente Trump decidió violar la Constitución. En su cruzada contra la inmigración, el pasado 20 de enero emitió la Orden Ejecutiva titulada “Protegiendo el Sentido y Valor de la Ciudadanía Americana” (DKT. No. 12-1). Esta dice: “El privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en los Estados Unidos”.
Se estableció que la ciudadanía por nacimiento en el territorio estadounidense no aplicará en dos casos:
1. A los nacidos de una madre “ilegalmente presente” en los Estados Unidos y cuyo padre no es un ciudadano estadounidense o residente permanente al momento de nacer.
2. A los nacidos de una madre cuya presencia en los Estados Unidos es “legal pero temporaria” y cuyo padre no es un ciudadano estadounidense o residente permanente.
Los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón demandaron al gobierno federal. La base de su reclamo era que la orden ejecutiva violaba la cláusula de ciudadanía de la Enmienda XIV de la Constitución.
El caso fue conocido por el juez federal John Coughenour. El 6 de febrero emitió una medida cautelar. Dijo: “La ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional inequívoco. Es uno de los preciosos principios que hacen a los Estados Unidos la gran nación que es. El presidente no puede cambiar, limitar o calificar ese derecho constitucional a través de una orden ejecutiva. Esta corte otorga a los demandantes la moción para una medida cautelar a nivel nacional y prohíbe la ejecución o implementación de la orden a nivel nacional”.
El presidente Trump, inconforme con la decisión, apeló. La semana pasada, la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito rechazó la apelación. La decisión fue adoptada por unanimidad por los tres jueces del tribunal, incluyendo entre ellos a la jueza Danielle Forrest, quien fue propuesta a ese cargo por el mismo Trump en su primer mandato.
Este caso, aunque ocurrió en los Estados Unidos, es relevante para los salvadoreños. Atendiendo a que muchos salvadoreños emigraron a los Estados Unidos, la orden ejecutiva que emitió el presidente amenazaba el derecho constitucional a la nacionalidad y ciudadanía estadounidense que tienen –y tendrán– muchos de los hijos de esos emigrantes que nacieron –o nacerán– en el territorio de ese país.
Fue atronador el silencio y la inactividad del gobierno de El Salvador ante esta clara amenaza a los derechos constitucionales de los hijos de salvadoreños que partieron a los Estados Unidos. Los salvadoreños en el exterior no le importaron a Cancillería, a la Casa Presidencial ni a la Asamblea Legislativa salvadoreña.
En todo caso, es reconfortante que en los Estados Unidos, a diferencia de El Salvador, sí existe la independencia judicial. Esta amenaza a los salvadoreños en el exterior desde la Casa Blanca fue suspendida por jueces estadounidenses.
Este evento debe servirnos para reflexionar sobre la importancia del Estado de derecho y la separación de poderes. No es algo lejano ni patrimonio de discusiones de abogados. Sus derechos dependen de ello. Lastimosamente, ese Estado de derecho y separación de poderes ya no existen en El Salvador.