Potonico y San Antonio Los Ranchos forman parte de los 14 distritos en la mira del gobierno para extraer el oro de sus tierras. La gente ha comenzado a organizarse ante la amenaza exponiendo en pancartas su rechazo a la minería. Esta lucha es respaldada por la iglesia católica local que, asegura, tomarán acciones si el gobierno interviene.
“SÍ A LA VIDA NO A LA MINERÍA”, advierte un rótulo de tela colgado en lo alto, con letras negras pintadas a mano, en la entrada del distrito de Potonico, en el sur de Chalatenango, ubicado a unos 45 kilómetros de la capital. Allí viven unos 1,600 habitantes que, aunque todavía no están organizados, están concientizados sobre una cosa: rechazar la minería en sus tierras.
Al caminar por las calles del distrito, las pancartas son más frecuentes. Todas con el mismo mensaje. Aunque todavía no ha sido intervenido con maquinaria minera, la gente ha demostrado su firmeza ante la amenaza de la minería.
Potonico tiene límites al norte y sur con el río Lempa, uno de los principales abastecedores de agua del Gran San Salvador, y fue identificado en la zona de interés minero del gobierno salvadoreño, según lo anunció en noviembre pasado.
También limita al sur con Cabañas, otro de los departamentos en la mira del presidente Nayib Bukele para extraer metales, y que fue asediado por años por la minería metálica, de cuyas tierras extrajeron 72,000 onzas de oro hasta 1954, cuando la empresa Rosario Resources Corporation cerró operaciones en El Salvador.
Aunque Potonico no posee trabajos mineros antiguos, sí hubo estudios del distrito cuando las empresas internacionales explotaron tierras salvadoreñas para extraer minerales, así lo confirma Enrique Castillo, sacerdote a cargo de la parroquia Inmaculada Concepción de Potonico.
Desde entonces, recuerda, se organizaron y sentaron su rechazo con una serie de manifestaciones que concluyó en la imposibilidad que las empresas lograran asentarse en las tierras del distrito.
Las Flores, Arcatao, San Antonio Los Ranchos y otros distritos del sur de Chalatenango también se unieron al rechazo en aquel entonces y ahora mismo tienen la iniciativa de organizarse para preservar sus tierras, asegura el padre Enrique.
“La gente está concientizada de lo que significa la minería. Creo que algo que se ha dicho es que podrían reubicarla, aunque no es nada oficial, pero está dispuesta a actuar si Potonico llegara a ser intervenido”, sentencia.
Enrique también lamenta que nunca se haya dado atención a otras necesidades de la población en el distrito, como lo es la pavimentación de la calle, y que ahora sí esté en el radar del gobierno para la excavación de sus tierras.
“Nunca han puesto atención a estos lugares para atenderlos desde el gobierno. No es posible que ahora para llevarse lo que queda estén poniendo los ojos aquí”, lamenta el sacerdote.
A una cuadra de la parroquia, una de las vecinas atiende su pequeño negocio, comenta que todavía tienen incertidumbre sobre cuándo podría intervenir el gobierno, mientras mira a través de la ventanilla. Dice que tampoco han ingresado soldados, al menos para custodiar alguna zona que podría ser intervenida por la minería, algunos de ellos se mantienen en Potonico por un asesinato que hubo el año pasado.
Lo que sí puede confirmar es que varios vecinos se han agrupado para la iniciativa de las pancartas, entre otras acciones, como una respuesta contundente a la noticia de que el gobierno podría iniciar la minería en la región.
A nueve kilómetros de Potonico se encuentra San Antonio Los Ranchos, otro pequeño distrito del sur de Chalatenango, con un número de habitantes similar.
En la calle que lleva hacia el distrito también cuelga una pancarta. “LOS RANCHOS DICE NO A LA MINERÍA, SÍ A LA VIDA”, se lee con letras negras en un pedazo de tela, cuyas cuerdas se desprenden de dos postes del tendido eléctrico.
Al avanzar unos seis minutos en vehículo y dejar atrás unas cuantas casas, se llega a la iglesia católica San Antonio de Padua. Frente a esta se ubica una cruz calle donde están instalados varios negocios, entre tiendas, ventas informales de ropa y zapatos y algunos puestos de comida, y en un breve recorrido la gente comenta que ha tomado medidas como en Potonico.
De entre los que concurren a estos puestos informales aparece Carmen, una de las asistentes a la iglesia que se han organizado contra la minería.
“La gente está en contra”, expresa con tono fuerte y apresurado. “No le voy a negar que también hay miedo”, continúa, pero asegura que eso no los ha paralizado.
En San Antonio Los Ranchos la gente ha escuchado dos cosas: la primera, que cuando inicien las excavaciones para la minería el distrito va a ser militarizado, y la segunda, que si se manifiestan cuando este momento llegue podrían ser capturados con el régimen de excepción.
“Pero la gente está concientizada, por eso también ha tomado acciones”, recalca Carmen y relata que la iglesia ha jugado un papel importante en la concientización, como la recolección de firmas contra la minería, un esfuerzo que, asegura, ha ganado fuerza en el pueblo.
El 27 de noviembre de 2024, Bukele anunció via X que retomaría la minería. En la publicación colgó un mapa en el que identificó 14 distritos ubicados en diferentes departamentos del país que serán intervenidos con la minería.
Entre estos aparece Potonico y El Zapote en Chalatenango; El Dorado, en Cabañas; Colorado, en Santa Ana; El Paisnal, en San Salvador, entre otros.
Ya se conoce que en San Isidro el gobierno ya intervino con maquinaria para iniciar actividades, al igual que en San Sebastián, en La Unión, aunque este no aparece en el mapa de distritos que identificó Bukele en aquella publicación.
Ante el avance de la minería, los grupos ambientalistas y la oposición han alzado la voz. Desde la publicación del anuncio de Bukele, han realizado al menos cuatro plantones en lugares como la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Asamblea Legislativa, exigiendo que se detenga la minería.
Sin embargo, el gobierno ha mantenido silencio, y la Asamblea Legislativa aprobó, de manera apresurada, la nueva Ley General de Minería Metálica, una normativa que, según los opositores, no cuenta con el respaldo técnico necesario y que ha sido considerada una medida impulsada sin tomar en cuenta a los sectores académicos y sociales.
Mientras, la resistencia sigue creciendo en Potonico, San Antonio Los Ranchos y otros sitios cercanos como en Cabañas, la Iglesia católica entregó recientemente una carta a la Asamblea Legislativa en la que solicitó la derogación de la nueva ley, acompañada de 150 mil firmas de feligreses que apoyan la causa.
Mensaje de response para boletines
Comentarios