Un peritaje final solicitado por la jueza Nora Montoya relacionado a los supuestos actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral no demuestra que la firma italiana Astaldi pagó soborno a Mauricio Funes, Miguel Menéndez y Leopoldo Samour para pactar un arreglo directo por la finalización del contrato con un monto que superó por varios millones al valor real de lo que se había ejecutado, lo cual genera dudas en el caso que actualmente se encuentra en fase de instrucción.

El Juzgado Noveno de Instrucción nombró a finales de 2019 una serie de peritos para aclarar ciertas dudas respecto al gran volumen de información que se ha presentado en el caso y tras un año de indagaciones los especialistas han dado como respuesta que si bien hay indicios de que los $108.5 millones que pagó CEL a Astaldi para finalizar el contrato no tienen justificación legal, el tiempo y las pruebas presentadas hasta hoy no alcanzan para corroborar si, como planteó Fiscalía, parte de esa suma fue a parar a manos de Funes, Menéndez y Samour.

En este caso el expresidente Mauricio Funes y Miguel Menéndez, también conocido como Mecafé, son acusados por peculado, lavado de dinero y de activos y agrupaciones ilícitas, porque según la Fiscalía conspiraron para incrementar el valor pagado a Astaldi a cambio de obtener una dádiva. El ex presidente de CEL, José Leopoldo Samour, es acusado de peculado y agrupaciones ilícitas, porque según la acusación fue él quien lideró las negociaciones ilegales con la compañía italiana para favorecerse.

El peritaje en mención, al que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, incluye, en un literal D, los "puntos de pericia propuestos por este juzgado" y en el punto tres la jueza pide a los especialistas que "se realice por parte de los peritos nombrados una conclusión final del peritaje en el sentido de los hallazgos y si existen operaciones sospechosas o actuaciones irregulares encaminadas al cometimiento de los delitos investigados", lo cual no pudo ser corroborado (ver imagen arriba).

Los peritos son claros al señalar en su respuesta que el punto de pericia no se desarrolló "por falta de tiempo prudencial", pero añaden que "al deliberar los peritos en forma conjunta se determinaron los indicios de operaciones sospechosas o actuaciones irregulares encaminadas al cometimiento de los delitos investigados". Los peritos tuvieron un año para el análisis y la jueza ya determinó que no dará más tiempo para ello.

Un abogado consultado por LA PRENSA GRÁFICA para aclarar este punto expuso que la decisión de la jueza es legal, tomando en cuenta que ya hubo una primera prórroga. También dijo que la "determinación de indicios" a la que se refieren los peritos podría no ser suficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, puesto que "no hay una prueba concreta, solo sospechas que no han podido ser comprobadas".

Los peritos tampoco comprueban si hubo transferencias directas entre Astaldi y alguna sociedad de los acusados, aunque sí enfatizaron en que al menos dos empresas en Panamá ligadas a Meléndez tuvieron ingresos de manera inexplicable por $3.5 millones en fechas similares a las que CEL pagaba a la empresa europea. Esa cifra es la que Fiscalía relaciona al soborno recibido por los funcionarios.

YA NO MÁS PRÓRROGAS

El peritaje al que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso fue entregado a la jueza el 11 de diciembre de 2020. En el informe los peritos hacen alusión a que el 27 de noviembre pidieron una prórroga de cuatro meses para entregar su informe y poder incluir una información que había sido añadida por Fiscalía a último momento. La jueza les responde que "en esta ocasión es imposible acceder a la petición".

Recibido el dictamen parcial, la juez notifica a las partes el 15 de enero de este año que establece un período de cuatro meses para que soliciten ampliación y aclaración del análisis patrimonial pero únicamente de "los puntos periciales ya desarrollados". Es decir, no puede investigarse más sobre los puntos que no pudieron ser resueltos o comprobados.

Seis días después, el 21 de enero, la Fiscalía presenta una "revocatoria parcial con apelación subsidiaria" en la que alega que la decisión del juzgado "causa agravio a la pretensión legítima de llegar a la verdad real de los hechos investigados" por lo que solicitan más tiempo. Algo a lo que también la jueza Nora Montoya se niega.

"La parte acusadora debe tener en cuenta que esta juzgadora es la encargada de velar por el derecho de defensa, la igualdad procesal y el debido proceso, fomentando el establecimiento de condiciones para ello; por lo cual que los peritos continúen analizando los puntos periciales que no han sido resueltos vulneraría los derechos aludidos causando dilaciones (atraso) al proceso", les responde Montoya, quien además deja constancia que Fiscalía ha entregado información en un plazo tardío.

Pese a ello, y como la Fiscalía pidió la apelación subsidiaria que permite recurrir automáticamente al tribunal superior, la misma fue remitida a la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, donde actualmente se encuentra en análisis.

Ya son 12 años en el limbo

La construcción de la presa El Chaparral inició en 2008 en el municipio de San Luis de la Reina, San Miguel, con la proyección de que costaría $219.9 millones. La empresa italiana Astaldi fue la elegida para su construcción y Mario Pieragostini, gerente de Astaldi para Centroamérica, reveló que se había recibido un adelanto de $41 millones por la obra.

Cuatro años después, en julio de 2012, el gobierno de Mauricio Funes pacta con Astaldi la terminación del contrato por atrasos y acuerdan un pago de $108.5 millones para evitar que la empresa italiana demandara internacionalmente al Estado salvadoreño por incumplimiento.

Fue precisamente en 2012 cuando, según la Fiscalía, Funes, apoyado por Miguel Menéndez y Juan Pablo Samour, acordaron con Mario Pieragostini elevar el costo del arreglo económico con dos intenciones: Astaldi saldría favorecido con el dinero y con la posibilidad de seguir siendo contratista del Estado en un futuro y los tres funcionarios salvadoreños recibirían una dádiva de $3.5 millones (cerca de $1.3 millones cada uno).

La acusación fiscal revela que al momento de negociar el arreglo directo los peritajes establecían que la obra estaba a un 29 % y que por lo tanto se debían pagar $63.2 millones, pero la suma fue creciendo sin aparente justificación hasta que el 1 de junio de 2012 la CEL acordó pagar $105 millones. Cuatro días después, según testimonios que constan en el expediente del caso, el mismo Samour pidió aumentar otros $3.5 millones y la cifra pagada finalmente fue de $108.5 millones, casi el 50 % del valor de la presa.

LA PRENSA GRÁFICA contactó con Mauricio Iraheta, abogado defensor de Leopoldo Samour en este proceso, quien aseguró que su defendido tuvo respaldo de la Corte de Cuentas de la República para pagar esa cantidad y evitar así un arbitraje internacional. También dijo que los testimonios principales que inculpan a Samour son de un testigo criteriado que no tiene validez.

Al término de la fase de instrucción la jueza Nora Montoya podría mandar a los acusados a juicio o sobreseerlos.