El Bloque de Resistencia y MOVIR pidieron que se inspeccione en todos los centros penales la situación de los reos y de las reas, y que se publique un informe al respecto.
Representantes del Bloque de Resistencia y Movir hablan sobre las violaciones a derechos humanos en los tres años que lleva el régimen de excepción.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentaron este martes 25 de marzo una carta ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la que solicitan verificar la situación de las personas privadas de libertad en las cárceles, supervisar el trabajo de las instituciones relacionadas a promover el régimen de excepción, entre otros.
Solicitamos que se practique una inspección en los distintos centros penales a fin de conocer la situación de las personas privadas de libertad en el contexto del régimen de excepción y se publique un informe público sobre dicha inspección”, aseveró Francisco Parada, del Bloque de Resistencia.
También pidieron a la PDDH que por la “falta de legalidad de los juicios colectivos” y el rompimiento con el “principio de la individualización de la pena” la institución crea una comisión para “supervisar” a las instituciones vinculadas al régimen excepción, como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo y los Juzgados Especializados contra el Crimen Organizado.
Además, le pidieron un papel más activo a la Procuraduría relacionado a la atención a las víctimas, creando una instancia permanente para atender a estas personas, y que investigue de oficio las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en estos tres años del régimen.
Otra de las solicitudes era que la PDDH promueva un “recurso judicial” para exigirle a la Asamblea Legislativa que cese ya el régimen de excepción.
Movir por su parte hizo hincapié en la actitud “complaciente” de la actual PDDH en el régimen de excepción y le exigen más beligerancia.
No hemos visto pronunciamientos de la PDDH denunciando las violaciones a los derechos humanos, a las capturas arbitrarias que todavía siguen, denunciando esos muertos en las cárceles, personas que al ver sus cuerpos tienen señales de torturas, que significa que fueron asesinados en las cárceles. Queremos que la Procuraduría sume un papel más ponderante, con más beligerancia en este país”, indicó Samuel Ramírez, vocero de Movir.
Entre las denuncias ambos movimientos dijeron que el actual régimen ha justificado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y aterrorizar a la población, reprimir y criminalizar la defensa de los derechos humanos, protesta social y el ejercicio periodístico. También que ha facilitado el despojo y el desplazamiento de comunidades, además de imponer un modelo de control social y militarización.
En el evento, los presentes hicieron una invitación para la próxima marcha que realizarán el próximo jueves 27 de marzo, siendo el punto de encuentro, el redondel Don Rúa a las 8 de la mañana.
Además de referirse al régimen de excepción, el Bloque mencionó la situación de los venezolanos deportados a El Salvador por parte de Estados Unidos, asegurado que es un “encarcelamiento injustificado”, y que se encuentran detenidos “sin haber cometido delitos en El Salvador".
Manifestaron que por la manera en que fue presentado su traslado como parte de una banda criminal, se violó el “principio de dignidad humana, tratando a las personas como mercancías que pueden ser retenidas en este país a cambio de un pago económico ofrecido por el gobierno de Estados Unidos”.
El pasado 16 de marzo, el gobierno salvadoreño anunció el traslado de 238 venezolanos que fueron retenidos en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en las redes informaron que todos pertenecían al Tren de Aragua, información que Estados Unidos desmintió confirmando que solo 137 son parte de este grupo criminal y 101 son migrantes.
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