Alcaldía justifica tarifario para permisos de poda, trasplante o corte con la protección de árboles del municipio de San Salvador Centro. La alcaldía ahora tiene reglas más estrictas para evitar talas injustificadas y exige permisos para cualquier intervención en los árboles.
La Alcaldía de San Salvador Centro ha emitido una actualización de la Ordenanza para la Protección del Patrimonio Arbóreo, en la cual establece regulaciones más estrictas para las actividades de siembra, poda, trasplante y tala de árboles.
La comuna capitalina justificó las tarifas con que busca proteger los recursos naturales del municipio y mitigar los efectos del cambio climático, según la normativa que fue publicada el 10 de febrero de 2025 en el Diario Oficial,
Por primera vez, las disposiciones incluyen un tarifario detallado y amplían su ámbito de aplicación a los distritos de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, que se incorporaron al municipio tras la reorganización territorial de 2023.
El concejal de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, explicó que la nueva ordenanza busca unificar las normativas existentes en los distintos distritos que antes eran municipios independientes, como Ayutuxtepeque.
“Sí, se aprobó esa nueva ordenanza derogando todas las que ya existían en los diferentes distritos antes municipios. El objetivo de la aprobación de esta nueva ordenanza va encaminada principalmente al cuido del medio ambiente”, señaló Nochez, quien fue alcalde de Ayutuxtepeque antes de la reorganización territorial.
La ordenanza establece costos específicos para los permisos requeridos según el tipo de árbol y su ubicación. Tal como indica el documento, talar un árbol de madera dura en el Distrito San Salvador Sede cuesta $450, mientras que en los distritos periféricos, como Mejicanos o Ayutuxtepeque, el costo es de $360. En el caso de árboles jóvenes o arbustos leñosos, las tarifas oscilan entre $180 y $350. Además, se contempla una reducción del 90% en las tarifas para proyectos declarados de interés social, como los impulsados por el gobierno central o la municipalidad.
La normativa actual representa un cambio sustancial respecto a la versión de 2010, que únicamente aplicaba al municipio de San Salvador y no contemplaba un tarifario específico. En aquel entonces, las autorizaciones dependían de la Unidad Ambiental y el Departamento de Parques y Plazas. Ahora, el proceso es supervisado por el Comité Técnico de Protección Arbórea, una entidad que integra especialistas técnicos y ambientales. Este comité será responsable de evaluar cada solicitud y garantizar que las intervenciones en el arbolado cumplan con los estándares establecidos.
Otro elemento novedoso es la compensación ambiental obligatoria, que ya era mencionada en la normativa de 2010 pero que ahora incluye un mecanismo detallado de cumplimiento. Las personas o entidades que talen árboles deberán plantar nuevos ejemplares, los cuales serán monitoreados para asegurar su crecimiento adecuado. La alcaldía también ha reforzado la promoción de programas de educación ambiental, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger el patrimonio arbóreo.
Según el documento, esta actualización responde a la necesidad de enfrentar los desafíos medioambientales derivados del cambio climático y de la expansión urbanística. Según el decreto, los árboles no solo contribuyen al embellecimiento del municipio, sino que también cumplen funciones esenciales como la purificación del aire, la regulación del clima y la reducción del riesgo de inundaciones.
“El arbolado urbano es un patrimonio colectivo que debe protegerse y preservarse. Con estas medidas buscamos garantizar un desarrollo sostenible que equilibre la urbanización y la conservación del medio ambiente”, se señala en la ordenanza.
Además, se recalca que estas disposiciones buscan evitar talas injustificadas y fomentar un uso más racional de los recursos naturales.
El concejal Nóchez también destacó que la regulación incluye tarifas específicas dependiendo del tipo de árbol y su protección. “Obviamente, hay tarifas para diferentes tipos de árboles. Recordemos que hay algunos que son árboles protegidos, otros son más comunes; sin embargo, no es que cualquiera puede venir y lo voy a talar ya, sino que todo tiene que tener un control o un cuidado al respecto”, comentó, insistiendo en que la ordenanza pretende asegurar un manejo responsable de los recursos naturales.
El concejal Simón Paz explicó que una de las principales razones para aprobar la nueva ordenanza fue cumplir con el mandato establecido en el decreto de reorganización municipal de 2023, que exige ordenar las regulaciones en los distritos que ahora conforman San Salvador Centro.
Paz señaló que, antes de esta unificación, distritos como Mejicanos no contaban con una ordenanza específica para regular la tala o trasplante de árboles, aunque él dejó un borrador de normativa en la municipalidad antes de concluir su gestión como alcalde.
“Lo que se hacía en Mejicanos era que la Unidad Ambiental se regía por la Ley Nacional Ambiental para otorgar permisos, pero no había un tarifario ni disposiciones tan específicas como las actuales”, afirmó.
En relación al tarifario, el concejal Paz detalló que inicialmente se había propuesto un esquema generalizado para todos los distritos, pero que tras las discusiones se optó por diferenciar los costos entre San Salvador Sede y los otros distritos, como Mejicanos. Además, mencionó que se incluyeron disposiciones sobre árboles en riesgo, cuya intervención será asumida por Protección Civil sin costo alguno para los ciudadanos, dado el peligro que estos representan en situaciones como tormentas.
“También discutimos la importancia de garantizar que los árboles plantados en compensación reciban el cuidado necesario hasta que puedan desarrollarse por sí solos, ya que a veces las empresas cumplen con sembrar; pero no asumen la responsabilidad del mantenimiento”, añadió Paz.
El tarifario introducido por la normativa establece costos diferenciados no solo por tipo de árbol, sino también por el distrito en el que se realiza la intervención.
Sin embargo, para proyectos de interés social, como viviendas populares o instalaciones públicas, las tarifas se reducen considerablemente, cobrando solo el 10% del monto establecido. Esta medida busca garantizar que los costos no representen una barrera para iniciativas que beneficien a la población en general.
La ordenanza establece que toda persona, sea natural o jurídica, que realice actividades como trasplante, poda o tala de árboles en espacios públicos o privados dentro del municipio está obligada a cumplir con las disposiciones legales vigentes. Esta normativa también aplica a los propietarios cuyos árboles puedan representar un riesgo para la seguridad o el bienestar de otras personas, asegurando que cualquier intervención sea previamente autorizada y regulada por la municipalidad.
Además, los propietarios, arrendatarios o poseedores de inmuebles deberán cumplir con las disposiciones de la ordenanza si pretenden intervenir árboles que formen parte del entorno urbanístico. Esto incluye acciones como siembra, plantación, trasplante, poda o tala de ejemplares arbóreos, independientemente de si se encuentran en propiedades privadas, reafirmando el carácter obligatorio de la regulación en todos los casos.
Julio Rosales, jefe de prensa de la alcaldía capitalina, señaló que el estudio para el nuevo tarifario se basó en dos puntos: “en evitar la tala indiscriminada de árboles y en que los distritos de Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque carecían de una ordenanza que protegiera el medio ambiente cuando eran municipios".
El jefe de prensa añadió que las talas de emergencia o por riesgo se mantienen sin costo y para lo relacionado con construcciones “las tasas se elevan mucho más y se pide compensación de siembra”.
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