El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado decretó instrucción por seis meses y detención provisional para Fidel Zavala y 23 habitantes de la comunidad La Floresta acusados en el Caso La Floresta, mientras que a Rosa Araceli Varillas Orellana se le otorgaron medidas sustitutivas por estar embarazada.

Estas 25 personas son acusadas de cometer fraude para apropiarse ilegalmente de terrenos que le pertenecen a Óscar Góchez, algo que la defensa negó rotundamente durante la audiencia de imposición de medidas, que se realizó entre el 13 y 14 de marzo.

Tras conocerse la decisión del Tribunal, Góchez dijo ayer que podría tomar otras acciones legales contra abogados de Unidehc que según él lo están difamando durante el proceso.

"Lo que estas personas están haciendo a través de los abogados que están publicando cosas contra nosotros difamándonos (en redes sociales) y poniendo cosas que no son ciertas. Me han difamado a mí y a toda mi familia y nunca pensé que venir a El Salvador a hacer una buena obra me iba a traer todas estas consecuencias. Estamos valorando tomar acciones legales porque estos abogados que están en España son los principales que están poniendo cosas muy dañinas", mencionó.

Fidel Zavala dijo ayer, durante el primer día de la audiencia, que temía por su vida, pues a mediados de 2024 él denunció que presenció abusos y malos tratos en dos centros penales y que podía identificar a los custodios que los habían cometido. Por ello considera que esta nueva acusación en su contra es una persecución y un intento para silenciarlo.

Claro que temo por mi vida, es algo que lo dijimos, que en algún momento pasaría, que es una persecución. Sobre las acusaciones, ni conozco a las supuestas víctimas a las que he afectado", dijo.

El martes 18 de marzo se realizará la audiencia para cuatro personas que están siendo acusadas en este proceso pero están ausentes, entre ellos los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, que son los voceros principales de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), organización que colaboraba con los habitantes de La Floresta en la legalización de sus tierras. 

Tribunal ve "indicios" del delito

De acuerdo con la jueza que atendió el caso en esta fase, Zavala tendría participación en los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) y por ello le puso la medida cautelar de la detención. Al término de la audiencia, el vocero de Unidehc no quiso brindar declaraciones.

La jueza mencionó que el Tribunal sí está facultado para ver el caso, a pesar que ese fue uno de los incidentes planteados por la defensa y se refirió a que Fiscalía calificó a Unidehc como "una oenegé fachada" y que esta, "con engaños les hacia creer a los habitantes de la comunidad que podían obtener las propiedades de los terrenos". 

El abogado defensor de Fidel Zavala, Jaime Ramirez, indicó que esperarán la resolución para determinar el camino para la apelación.

"Una vez tengamos la sentencia vamos a valorar una posible apelación en virtud de algunos hechos que se han vulnerado en el proceso con la legalidad y legítima defensa. Sobre todo la situación que no se ha valorado absolutamente la información vertida por la defensa en relación a cada uno de los que están siendo acusados por estos delitos", expuso.

Tras conocer el fallo, Unidehc calificó como "un proceso viciado e injusto, ante la criminalización de las y los defensores de derechos humanos y líderes comunitario. Estamos en constante comunicación ante organizaciones e instancias internacionales que velan por los derechos humanos, brindando información sobre las acciones arbitrarias de Nayib Bukele".