Hay gestos que, por su naturaleza, dejan de ser simbólicos para convertirse en historia. La reciente entrega de 150,000 firmas por parte de la Iglesia Católica a la Asamblea Legislativa, solicitando la derogación de la Ley de Minería Metálica, es un testimonio vivo de que la participación democrática aún existe, aunque a ciertos sectores les incomode admitirlo.
Desde mucho antes de la aprobación de la ley, la Iglesia se había pronunciado con claridad, exhortando a que no se reabriera la puerta a la minería metálica en el país. Su llamado, ignorado en diciembre, no quedó en palabras. El 7 de febrero, los obispos transformaron su preocupación en acción concreta: convocaron una Jornada de Oración y, paralelamente, una campaña nacional de recolección de firmas. En la carta oficial que acompañó el proceso, la Conferencia Episcopal de El Salvador fue categórica: no hay en esta iniciativa otro interés que el bien común, y en particular, la defensa de los más vulnerables.
Sin agenda oculta ni un interés partidario, quienes participaron no son activistas profesionales ni operadores políticos. Son, sencillamente, ciudadanos que, desde su fe y su conciencia cívica, decidieron alzar la voz ante un tema que consideran vital para el país. Madres y padres de familia, estudiantes, abogados, médicos, comerciantes, vendedores informales, académicos, empresarios, empleados y desempleados: salvadoreños de todos los sectores que, firmando en parroquias y comunidades, ejercieron su derecho a disentir con los medios que tienen a su alcance. No es común ver una expresión de esta magnitud sin una bandera política que la respalde. Y precisamente por eso, la reacción del poder ha sido predecible: minimizar, ridiculizar y descalificar.
El Salvador es un país pequeño, con recursos hídricos limitados y un historial ambiental que no puede ignorarse. Aun así, la minería se presenta como una garantía de prosperidad. Para sustentar esta narrativa, se ha citado hasta el cansancio un estudio cuyo autor no ha sido revelado, y que atribuye a los yacimientos de oro en el país un valor de 131,000 millones de dólares, equivalentes al 380 % del PIB nacional. Pero lo que rara vez se menciona (y mucho menos se debate) son las consecuencias sociales, ecológicas y humanas que una decisión de esa envergadura conlleva.
La minería metálica no es una novedad, y sus consecuencias tampoco son un misterio. El río Lempa atraviesa la zona donde se concentran los principales yacimientos auríferos del país. Diversas organizaciones ambientales han advertido que la reactivación de esta industria podría comprometer la cuenca alta del Lempa, una región clave para el abastecimiento de agua del Gran San Salvador. No se trata de una conjetura alarmista, sino de una preocupación sustentada en experiencias documentadas. 
La reinstauración de la minería ha sido una decisión impuesta sin el consenso de la sociedad, sin consulta ni debate, envuelta en un secretismo difícil de justificar. Y por más que lo repitan los desinformadores profesionales: quienes firmaron no son la omnipresente “oposición”, tampoco adversarios con agendas partidarias, y mucho menos actores de una conspiración internacional. Son, simple y sencillamente, ciudadanos preocupados por el futuro de El Salvador. No piden privilegios ni buscan desestabilizar nada; solo exigen que el tema se aborde con la seriedad y el respeto que merece.
La entrega de estas firmas es un mensaje inequívoco: tenemos una ciudadanía activa, existe la voluntad de participar, y aún hay esperanza de que el debate no sea monopolizado por quienes hoy detentan el poder. 
La Iglesia ha hecho su parte al canalizar una preocupación legítima y profundamente humana. Ahora la pregunta es si la Asamblea tendrá la madurez, la humildad y el compromiso democrático necesarios para escuchar el clamor del pueblo salvadoreño que dice: no a la minería, sí a la vida.