Se nos trata de vender, mejor dicho, imponer un modelo de desarrollo con características que dejan mucho que desear. Se propone un desarrollo que nos vende oro, que se basa en la total libertad empresarial, que impone en lugar de dialogar, que logra seguridad a cambio de libertad y otros derechos básicos, que promete eficiencia sin dar información, justificando así la reserva de información y facilitando la corrupción; un desarrollo con sumisión hacia afuera y hacia los socios o intereses internos privilegiados; un modelo “proempresa, capitalista”. Un modelo avalado y apoyado por los organismos internacionales que lo benefician con sus préstamos. Un modelo que concede y es sumiso a los nuevos actores internacionales.
Ello nos es conocido. Ese modelo, que ya se ha comenzado a implementar, ha implicado costos altos para la mayoría de la población y tendrá costos todavía mayores para los ciudadanos. Un tercio de ellos no tiene lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y uno de cada diez no tiene lo necesario para subsistir. Se continúa deforestando para inaugurar proyectos y se teme mucho la contaminación que el oro pueda traer. Se alimenta la polarización, se impone, se crea una política apoyada en el temor, en el principio de “estás conmigo o contra mí”. Los sistemas básicos de salud y educación públicos, pilares fundamentales del desarrollo, no reciben prioridad y sus carencias van en aumento. Un tercio de la población se siente desprotegida en sus derechos básicos. Las finanzas públicas obtienen un respiro, pero no despejan; la deuda se le transfiere a futuras generaciones. La democracia se reduce al ejercicio de votar, a una democracia minimalista: no hay participación y la libertad de expresión se reduce aceleradamente. Las leyes y la justicia existen solo para unos pocos y se aplican según les conviene a esos pocos. La población no sabe qué se ha hecho con su dinero, con el dinero que pagan todos los días en impuestos cuando compran y pagan IVA. Se conocen casos grandes de corrupción. Se han perdido conceptos que nos guiaban como sociedad: principios de ética, solidaridad, justicia y libertad. A las nuevas generaciones les cuesta tener esperanza. Y podría seguir.

Pero hay alternativas. Esas soluciones son varias, pero para que sean efectivas, para cambiar el rumbo que llevamos, deben cumplir algunos criterios fundamentales. Se deben discutir soluciones a través del diálogo, buscando un consenso. El país está mal y, para sacarlo adelante, se necesita el apoyo de la mayoría de sectores y especialmente de los sectores clave. Todos debemos hacer concesiones, y eso solo se logra platicando.

Como país, hay que tener una opción preferencial por los pobres. Si no hacemos de la lucha contra la pobreza el objetivo principal, no solucionaremos los otros problemas; la pobreza es el nudo gordiano del desarrollo. Para atacarla, los empresarios deben crear empleo y el gobierno debe apoyarlos, pero también debe regularlos, proteger y priorizar el bien común. Los sectores de educación, salud y servicios básicos deben recibir el financiamiento que necesitan y orientarse hacia los más necesitados.

Se debe restablecer la democracia participativa, camino que se había comenzado después de los Acuerdos de Paz pero que hemos perdido. Es necesario un sistema judicial independiente en el cual la población pueda confiar, que respete la Constitución y las leyes.

Podemos optar por un modelo económico no puramente “capitalista, empresarial”, sino uno que logre el desarrollo sobre la base de una economía de mercado regulada. Una economía que se desarrolle no solo sobre la base del gran empresariado y las remesas, sino también mediante otros ejes económicos como el desarrollo local, la tecnología, el desarrollo sostenible y respetuoso del medioambiente, el turismo local y la agricultura, entre otros. El Estado debe priorizar su apoyo a esos sectores. Si, por el contrario, damos “total libertad” al empresario (léase aquí al gran empresariado), sus intereses prevalecerán y el desarrollo no logrará ser equitativo.

Las finanzas públicas deben buscar mayor equilibrio y equidad. Para ello, hay que reducir la deuda, buscando que quienes tienen más aporten más. También hay que recortar gastos, pero en sectores que no afecten a los pobres, por ejemplo, en defensa. Los organismos multilaterales deben jugar el papel que les corresponde, alejándose de las recetas tradicionales e incluyendo los criterios de lucha contra la pobreza y respeto a los derechos básicos entre sus condiciones. Nuestra política exterior debe basarse en el respeto mutuo y en la defensa de nuestra soberanía; la sumisión no es buena receta.

Debemos ser una sociedad inclusiva. Las opiniones y criterios diferentes nos enriquecen, y el respeto mutuo es condición para el necesario consenso. Los principios éticos, de justicia, solidaridad e inclusión deben ser la base de ese nuevo modelo. Hay que exigir transparencia en las cuentas públicas como primer paso para frenar la corrupción y reorientar el gasto del Estado.

Para lograr lo anterior, se requiere la colaboración de todos los sectores. La juventud debe dejar su apatía y participar. Las minorías poderosas deben ceder; para vivir en paz, deben dialogar. Sin embargo, el actor clave son los movimientos sociales: ellos son los únicos que podrán forzar un cambio.