A partir de los antecedentes de esta administración, es poco probable que se retroceda en el proyecto minero. Con tanto capital político arriesgado y alguna parte del mismo ya perdido, según reflejan los estudios de opinión pública, haber invertido la imagen del gobierno en una idea que no se traduzca en acciones sería curioso, incomprensible desde el descarnado pragmatismo de esta época. Además, a diferencia de lo ocurrido con la veterinaria pública, los intereses que hay de por medio en la explotación aurífera son internacionales, y el oficialismo está tan comprometido con ellos que ni siquiera las consideraciones geopolíticas lo desviaron de esa dirección hasta el momento. Por supuesto, una lectura lúcida de cada momento y actuar en consecuencia son hábitos de los mejores estrategas.
Aun siendo así, la presentación de cientos de miles de firmas que los representantes de la Iglesia católica salvadoreña hicieron esta semana a la Asamblea Legislativa es un hito inesperado, tan significativo que desde la esfera oficial ya se invierten esfuerzos por deslegitimar la acción de los líderes religiosos e incluso cuestionar la posición ética y moral desde la cual la jerarquía invitó a los feligreses a manifestarse.
La recolección y presentación de las firmas en contra de la minería es el segundo acto de protesta social más importante en el último quinquenio. A diferencia de la marcha del 15 de septiembre de 2021, cuando colectivos muy heterogéneos recorrieron importantes calles de la capital en un ejercicio de organización y logística, cualquier cosa puede decirse de los miles de creyentes que firmaron el documento durante varias semanas en templos alrededor del país, excepto que sean activistas, opositores o adversarios del gobierno. Es una diferencia fundamental, porque la idea contra la cual se expresan es puntual, específica y lleva una rúbrica y unos riesgos inequívocos.
El del catolicismo es, asimismo, un aporte valioso para la nación, porque demuestra que la ciudadanía y los diversos sectores sociales y económicos no solo pueden, sino que deben honrar sus principios e ideario, aunque eso los conmine a asumir posiciones incómodas respecto del poder político. Es también un cuestionamiento tácito para los dirigentes de otras denominaciones, porque el compromiso con la defensa de la vida y de los recursos naturales no renovables no es una temeridad derivada de la obediencia canónica, sino que es uno de los pilares de la ética del cristianismo en su conjunto.
La manifestación de la grey católica —congruente con el mayoritario rechazo al proyecto minero que recogieron diversos estudios de opinión pública, entre ellos los de la Universidad Centroamericana y de la Universidad Francisco Gavidia— no ha pasado desapercibida a la disciplina escucha digital que el gobierno habitúa. No se puede garantizar que de ese ejercicio derive un retroceso, un recrudecimiento o una nueva táctica de comunicaciones; sin embargo, el hallazgo de fondo debe ser tomado en cuenta por todos en el país: pensar y opinar distinto es un derecho, y expresarlo de modo pacífico y articulado también lo es. Y a la población le interesa hacerlo, aun cuando buena parte de ella estuvo de acuerdo durante varios años con la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas la de asociación y reunión.