En los últimos días, la necesidad de facilitar más y mejores recursos educativos a los jóvenes copó la agenda pública. Por un lado, se anunció que el gobierno y un grupo de universidades e institutos especializados de educación superior ofrecerán un proyecto de becas con unas metas muy ambiciosas; por el otro, el empresario Roberto Kriete inauguró una entidad enfocada en ingeniería y ciencias, que perseguirá estándares internacionales.
Detrás de ambos proyectos se encuentra el reconocimiento a la importancia de la educación para mejorar las oportunidades de la próxima generación de salvadoreñas y salvadoreños económicamente activos y a la deuda que el Estado mantiene en ese sentido desde hace décadas, la cual se refleja en las carencias de infraestructura, especialmente para educación inicial y media, en un déficit que algunos estudios establecen en cerca de 15 mil docentes y en la disminución de la matrícula de primaria y secundaria en el más reciente trienio.
Hay tanto por mejorar que cualquier iniciativa hace diferencia, aunque no esté articulada con las políticas públicas, pero el tamaño del reto es tal que se requiere un esfuerzo transversal, interinstitucional y a largo plazo para influir de modo decisivo en el futuro de cientos de miles de estudiantes. ¿Por dónde hay que empezar?
Lo primero está aparentemente hecho, que es fomentar la igualdad de acceso a la educación; una vez tomada la decisión política de hacerlo, es un objetivo que se ataca desde lo logístico y lo operativo, por ejemplo, con apoyo financiero y recursos adecuados para los estudiantes que no pueden costearse una matrícula, los gastos de manutención, el transporte o incluso el cuidado de sus abuelos en el caso de hogares desintegrados por la migración, o el de sus hijos en el caso de miles de adolescentes rurales. También, en ese sentido, es fundamental contar con planes de estudio, pedagogía y profesorado diverso e integrador, que refleje y respete la singularidad y no quiera instalar un discurso oficial, una visión curada y un pensamiento homogéneo.
No menos importante es la aspiración de que todos los ciclos de la enseñanza sean universales, gratuitos y obligatorios. Volvemos a que eso exige un compromiso institucional, además de ingentes recursos. Una vez satisfecho ese presupuesto, hay que idear modos efectivos de lidiar con el trabajo infantil, que es una realidad derivada de la pobreza estructural, y establecer cuáles son las competencias que más urge inculcar en el alumnado.
Reconocer la frecuencia del trabajo infantil y unir esfuerzos institucionales para disuadir a los padres de familia de naturalizar esa idea es urgente para combatir el abandono escolar temprano; si antes la exclusión y la marginalidad se expresaban a través de la violencia pandilleril, motor innegable de la deserción en la década anterior, ahora esa matriz se expresa en otros condicionantes contra la asistencia a los centros escolares, como la insalubridad, la desnutrición, la insatisfacción de los servicios básicos o la falta de infraestructura vial.
Mover el sistema educativo en esa dirección, arroparlo con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas e instalar una inercia estatal que no se conmueva con las volatilidades de la política partidaria exige, finalmente, convicción y mucho dinero. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se necesita de tantos fondos como el equivalente a un cinco por ciento del producto interno bruto en promedio en los países de bajos ingresos como El Salvador, o de al menos un tres y medio por ciento en apoyo a preescolar, primaria y el inicio de la secundaria. En un contexto de ajuste fiscal y de reducción del aparato del Estado, es aún más relevante que las autoridades eleven este tema hasta convertirlo en una prioridad y coordinen de tal modo que iniciativas y discursos, como los recogidos al inicio de este artículo, se vean potenciados.