Las lecturas según las cuales el régimen de excepción continúa no sólo como herramienta de control territorial y operación punitiva contra los posibles remanentes de la pandilla sino como una espada de Damocles que invita a los sectores críticos, a la sociedad organizada, a la academia y a los contendientes políticos a autocensurarse, a ser más precavidos en sus actuaciones o a guardar silencio ante la coyuntura nacional, se basan en numerosas y bien documentadas experiencias latinoamericanas, entre ellas del mismo El Salvador.
No hay suficiente información para que nadie fuera del gobierno sepa cuál es el avance de la política de seguridad desarrollada a consecuencia de la agresión terrorista de marzo de 2022; de algunas declaraciones brindadas aisladamente por el presidente y por el ministro de la cartera, se colige que hay aún varios miles de delincuentes libres, si bien la ausencia de datos impide entender la peligrosidad de esas personas, si están huyendo o no, y si esa mafia tiene aún capacidad de organizar actos terroristas como los que originaron la reacción del Estado hace dos años y medio.
En las actuales condiciones pues, es imposible saber si la continuidad de la medida es necesaria a efectos de la táctica de seguridad; lo que sí es viable es entender que a efectos de control social, que es un fin estratégico del Estado en general y de este gobierno en particular, la restricción de garantías es conveniente porque no solo subraya la existencia de un Estado fuerte sino que disuade a los elementos organizados de la sociedad de ejercer su ciudadanía sin contemplaciones, un rasgo intrínseco de las autocracias.
Son incontables los ejercicios poco menos que inquisitorios que se han concentrado en personas concretas o aún más frecuente en colectivos determinados obligándolos a callar con el recurso a la fuerza. Sin embargo, a menos que se haya perdido todo respeto por las formas y un gobierno esté dispuesto a que se le considere abiertamente dictatorial y tiránico, se sabe que la censura explícita es efectiva a corto plazo pero con el tiempo lo que fue tachado encuentra la luz.
Por eso los interesados en que la población sepa cada vez menos, tome decisiones cada vez más desinformadas y confunda la mentira con la verdad se siente atraídos por ese camino ligeramente más sofisticado, el de de la tensión permanente, el del estrés democrático, el de las limitaciones que parecen técnicas, que parecen giros más retóricos que jurídicos, pero que a la postre es más efectivo a largo plazo en la medida que erosiona con mayor lentitud y penetración el espíritu crítico y la producción de pensamiento. Si quienes deben imaginar un futuro mejor para la nación, los métodos para que eso ocurra, si quienes deben hacer las preguntas que hagan surgir la verdad, si quienes deben denunciar las injusticias y demandar que sean reparadas en público y no en privado se rinden o creen que sus preocupaciones son inútiles y se resignan a la irrelevancia, entonces no habrá futuro, o sí lo hay será con esas mismas injusticias, sin verdad, roto.