El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) confirmó este viernes que ya entró en vigor el Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Supervisión de Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI), por lo que ya comenzó a correr el plazo para que patronos estatales y privados garanticen a los hijos de sus trabajadores el acceso a uno de estos establecimientos.

El gobierno explicó este viernes que se han establecido tres plazos diferentes. La empresa privada tiene 18 meses, a partir del miércoles de esta semana, para instalar sus propios CAPI o contratar los servicios de uno. El sector público dispone de 12 meses, mientras que los establecimientos que ya ofrecían estos servicios tienen 6 meses para completar su proceso de registro, dijo la directora ejecutiva del CONAPINA, Linda Amaya.

"Para los Centros de Atención a Primera Infancia que ya existían, tienen que iniciar su proceso de registro teniendo un plazo de 6 meses. Luego tenemos a la instituciones del Estado, que a partir del día miércoles tenemos 12 meses, mientras que el resto de las empresas (privadas) tienen 18 meses para concluir su proceso de registro", detalló en la entrevista del Canal 10.

Para poder operar, los CAPI deben obtener tres autorizaciones. El permiso sanitario emitido por el Ministerio de Salud (MINSAL), la certificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención de incendios extendida por el Cuerpo de Bomberos, así como la acreditación del nivel educativo correspondiente otorgada por el Ministerio de Educación (MINED).

La directora ejecutiva del CONAPINA dijo que el proceso de inscripción se divide en cinco pasos: ingreso de información en la plataforma www.simple.sv, el segundo paso consiste en revisar la documentación proporcionada por los patrones, para luego proceder al pago de aranceles de los tres permisos que se exigen. Como cuarto punto se harán inspecciones y si cumple con todos los requerimientos se le dará la autorización para su funcionamiento.

"Están conectadas todas las instituciones y participa el Ministerio de Trabajo como el ente rector y que obliga a la vigilancia de la instalación de los CAPIS y el cumplimiento de los mismos porque uno de los requisitos importantes a señalar es que todas las empresas o instituciones que tengan más de 100 empleados tienen la obligación de dar ese servicio o esta prestación", afirmó la funcionaria.

Con la entrada en vigor de la Ley Crecer Juntos, el 1 de enero de 2023, los patronos estatales y privados están obligados a proporcionar a los hijos de sus empleados el acceso a un CAPI. Esta obligación es para los patronos con más de 100 trabajadores.