El Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), todos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresaron su preocupación este 13 de febrero de 2025 por las reformas aprobadas en El Salvador a la Ley Penal Juvenil que permitirán, entre otras cosas, que menores de edad guarden prisión con adultos.

"Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como otros instrumentos internacionales, en cuanto al trato y las condiciones a observar para la privación de libertad de personas menores de edad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia", sostienen los organismos en un comunicado difundido hoy en la página web de la UNICEF.

Sostienen además que aunque el decreto de reforma plantea que los menores de edad acusados por delitos relacionados a crimen organizado (pandillas) estarán en pabellones separados a los de adultos, esto implica que "la administración de los centros pasaría a manos de una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia, y las medidas serían cumplidas en centros originalmente diseñados para personas adultas".

Las reformas presentadas representan un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos", agregan.

La preocupación de estos organismos de la ONU se basa principalmente en que hay evidencias de que internar adolescentes con adultos representa un riesgo para los primeros, tanto para su seguridad, su salud y el desarrollo psicológico y emocional.

"El CRC, UNICEF, OACNUDH-CA y UNFPA ponen a disposición del Estado salvadoreño todo su apoyo técnico para la búsqueda conjunta de soluciones que promuevan el respeto de los derechos que amparan a las y los adolescentes en conflicto con la ley, en función de lograr su reinserción plena a la sociedad de acuerdo con las normas internacionales", añaden.

El pronunciamiento es atribuido a Anne Skelton, presidenta del Comité de los Derechos del Niño; Karin Hulshof, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Andrés Sánchez Thorin, representante encargado para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Susana Sotolli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

La reforma a la Ley Penal Juvenil fue aprobada el 12 de febrero de 2025, con votos de la fracción oficialista Nuevas Ideas, del PDC y del PCN.