En los últimos días hemos visto con mucha preocupación la tala de árboles grandes en el cerro El Águila, en Juayúa. Ante las denuncias públicas que han aparecido en los periódicos y las redes sociales, el MARN se ha tenido que pronunciar y ha transferido la responsabilidad del problema al Ministerio de Agricultura, quien a su vez ha dicho que ellos no han dado el permiso. El MARN ha manifestado posteriormente que la tala se ha hecho fuera del área protegida, lo cual implica que pudiera no ser un delito grave.

Independiente de si se tiene o no se tiene los permisos para talar o si se ha hecho dentro o fuera de un área protegida, el problema es que talar un buen número de árboles grandes en un país como El Salvador, altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, con serios problemas de erosión de biodiversidad y escasez de agua potable, es algo que no se debería permitir. No hay que confundir lo que es legal con lo que es correcto. Lo que ha sucedido en Juayúa es algo totalmente inadecuado, así sea que no se logre probar la responsabilidad legal, como sucede muchas veces, que nunca se establece con claridad quiénes son los verdaderos responsables de estos atropellos y menos que se logra llevar a los tribunales correspondientes a las personas que por complicidad o negligencia deberían responder por los daños causados.

Lo que debe quedar claro es que lo sucedido en el cerro El Águila es algo que se conoce por las noticias aparecidas en los medios de comunicación, pero hay centenares de casos grandes y pequeños, no solo de tala de árboles, donde los destructores ocultan el daño con la colocación de láminas altas, sino también de niveles serios de contaminación, donde el hecho social y ambiental negativo no trasciende a la opinión pública. Algunas veces se observan los peces muertos y otras veces los hospitales señalan el incremento de casos de insuficiencia renal.

Para facilitar la tarea a las municipalidades, al MARN y hacer algo en beneficio de la población, lo que debería hacer la Asamblea Legislativa es declarar a todo El Salvador como "Área Protegida", esto significaría que quedaría totalmente prohibido talar árboles, a menos que hacerlo significara un beneficio social muy importante, o evitar un daño muy grave para la sociedad como podría ser el caso de un árbol muy viejo o que por causa de una fuerte lluvia amenace con caer sobre una vivienda, o cuando haya que talar porque se tiene que construir un hospital o una escuela o debe pasar una calle muy importante, aunque en muchos de estos casos se debería exigir un trasplante de esos árboles o en caso de ser imposible habría que exigir la creación de una recompensa, con garantía de su ejecución, que generara un impacto positivo bastante mayor que el daño ocasionado. Además de la tala de árboles quedaría prohibido contaminar los cuerpos de agua, la tierra y el aire, así como exceder la capacidad de carga de los ecosistemas.

Declarar a El Salvador como "Área Protegida" no es un extremismo ambiental, ya que estamos ante la presencia de fenómenos como el cambio climático y la erosión de la biodiversidad que van a poner a nuestro país en situaciones muy difíciles para la obtención de agua y alimentos, además del impacto de eventos climáticos extremos. Una declaratoria de esa naturaleza pondría a nuestro país con una imagen ambiental muy positiva en las noticias internacionales, como nunca la hemos tenido, ya que sería una acción de mucha más envergadura que la que se logró cuando la Asamblea Legislativa prohibió la minería en El Salvador, que fue un evento que también logró el visto bueno de muchos sectores poblacionales en el mundo.