El Salvador, de una u otra manera, ha estado ligado a crisis constitucionales; a veces protagonizándolas, a veces impulsándolas y, en otras ocasiones, sirviendo de cómplice. Hoy, nuestro país se encuentra nuevamente en el ojo del huracán internacional, esta vez por convertirse en el destino de cientos de venezolanos deportados desde Estados Unidos, a pesar de que una orden judicial en ese país estableció que no se les garantizó el debido proceso.
En este contexto, el gobierno salvadoreño ha aceptado a estos ciudadanos sin transparencia sobre su estatus legal ni sobre los criterios bajo los cuales han sido trasladados. Lo que es evidente es que El Salvador ha colaborado con una maniobra ilegal, recibiendo tanto a personas acusadas de pertenecer a estructuras criminales como a otras cuyo único “delito” ha sido ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.
Ante esta situación surgen más preguntas que respuestas. ¿Bajo qué estatus migratorio han ingresado estas personas a El Salvador, si no tienen vínculo alguno con nuestro país? ¿En qué marco legal serán procesados quienes son señalados de delitos? ¿Dónde serán juzgados y cuáles serán las garantías que tendrán para defenderse? Y, sobre todo, ¿qué trato recibirán aquellos que no han cometido más falta que cruzar una frontera sin permiso?
El Salvador no se distingue precisamente por el respeto a los derechos humanos. Si antes la situación ya era delicada, desde la instauración del régimen de excepción se ha deteriorado aún más. No hay garantías de que las personas detenidas, sean nacionales o extranjeras, tengan acceso a un juicio justo o siquiera sean tratadas con dignidad. Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas en los centros penitenciarios han sido sistemáticas y documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.
A esto se suma la inoperancia de las instituciones encargadas de velar por los derechos fundamentales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos han adoptado una postura complaciente con el gobierno, desdibujando su función de protección y convirtiéndose en meros espectadores de la represión estatal.
Este escenario exige la atención y acción de la comunidad internacional. No se trata solo de observar desde lejos, sino de intervenir de manera efectiva para garantizar que se respeten los derechos de los deportados y de los miles de salvadoreños detenidos en condiciones que violan los estándares básicos de dignidad humana.
El silencio y la indiferencia solo contribuyen a legitimar estos atropellos. La historia nos ha enseñado que, cuando la comunidad internacional ignora las señales de alerta, las crisis se profundizan y las violaciones a los derechos humanos se vuelven aún más graves. Es momento de exigir respuestas, de pedir transparencia y, sobre todo, de garantizar que ninguna persona, sin importar su origen, estatus migratorio o acusación, sea sometida a un sistema que no respeta el debido proceso ni los principios más básicos de la justicia.