Uno de los pocos apoyos internacionales con que contaba la administración Bukele era la Organización de Estados Americanos. En boca de su mismísimo secretario general, luego de que el mandatario salvadoreño entró escoltado por militares al recinto legislativo el 9F20, había "voces recurrentemente histéricas" en torno a sus acciones. "Hay gente que es absolutamente reactiva ante cualquier cosa que hace el presidente Nayib Bukele", fueron las palabras textuales de Luis Almagro en julio del año pasado. Y afirmaba, con una prudencia digna de mejor causa: "No debemos inventar dictaduras donde no las hay".

Para entonces ya existían suficientes indicios de hacia a dónde se dirigía el proyecto de hegemonía política en El Salvador. Claro que muchos países tomaban acciones duras para controlar la circulación de sus ciudadanos e impedir así los contagios de covid-19, pero no lo hacían a expensas de los procesos establecidos por los marcos legales o amenazando a sus habitantes con capturas y remisiones por la fuerza a centros de contención.

Obviamente, Almagro leyó mal las señales y escogió peor sus palabras. Luego de ese traspiés, sin embargo, parece haber aprendido bien su lección sobre Bukele. La semana pasada, en Miami, utilizó un tono muy distinto. "El caso de El Salvador", dijo, "es un caso muy particular. Yo he hecho un comunicado muy crítico de la crisis que se ha generado, pero El Salvador, si el presidente actúa incorrectamente, agarraría un camino en el que ya están Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, con poderes cooptados, persecución política... No podemos empujar que un país más vaya por ese lado".

La actual vehemencia de Luis Almagro coincide con la creciente preocupación expresada por la casi totalidad de naciones democráticas que se han ocupado del tema. En realidad no hay excepciones. La reprobación hacia las acciones del gobierno de "Nuevas Ideas" es generalizada, firme, sin paliativos. Pero como insinuó Bukele a los embajadores en aquella reunión "privada", parece que el mundo entero está equivocado menos él. Punto y final. Aunque nadie coincida con la noción de democracia que él maneja, son los demás los que deben corregir, dado que él tiene el respaldo del 31 % de los salvadoreños que votaron en las elecciones del 28 de febrero (es decir, alrededor del 26 % de la población total del país).

Las persecuciones políticas en El Salvador, por otra parte, ya comenzaron. Esa reforma que se hizo a la Ley de Imprenta no tuvo ningún criterio de equidad tributaria, sino uno de clarísima revancha, porque el gobierno quiere (como en Nicaragua o Venezuela) ahogar financieramente a los medios de comunicación impresos.

Javier Simán, presidente de la ANEP, ha denunciado el centenar de auditorías realizadas a empresas antes ligadas a él y cuyas resoluciones aún no se emiten, lo que le hace sospechar posibles arbitrariedades en su contra. Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, teme que la Fiscalía impuesta por NI canalice de mala manera la acusación de una diputada oficialista incomodada por una crítica suya. El hostigamiento que ha sufrido la valiente comisionada suspendida del IAIP Liduvina Escobar es otro indicio de eso que Almagro llama "persecución".

Y veremos más casos en los próximos días. Porque ya no hay Sala que defienda nuestros derechos constitucionales y ya no hay FGR que actúe con independencia del poder político. No debemos, por tanto, inventarnos democracias donde ya no existen.