La semana recién pasada, la Asamblea Legislativa aprobó derogar el artículo 210 de la Constitución, con lo cual se elimina la deuda política. Un fin loable, considerando el inadecuado uso que se le ha dado a la deuda política durante las últimas décadas; desde el Centro de Estudios Jurídicos hemos criticado la manera en que los partidos políticos se han manejado y la administración de este tipo de fondos, considerando que siempre se debieron transparentar. 

Sin embargo, llámelo como quiera, pero este tipo de cambios, que no han respetado el espíritu de la Constitución de 1983, no son reformas constitucionales en sentido estricto. Son reformas ilegítimas. ¿Por qué? Porque la raíz, la justificación que han utilizado para hacer estas reformas desde sus inicios, no tiene legitimidad ni fundamento. La manera en que se realizó el acuerdo de reforma constitucional es inconstitucional y, por tanto, todas las posteriores reformas no tienen un asidero constitucional válido. Además, la ratificación del acuerdo de reforma no cumplió con los requisitos requeridos, sobre todo el de diálogo y publicidad parlamentaria.  

En abril de 2024 señalamos que un acuerdo de reforma constitucional, a esas alturas del año y con una legislativa que iba de salida, ya se encontraba fuera del tiempo establecido por la jurisprudencia constitucional para realizar una reforma de este tipo. Fue una legislatura que manifestó su intención de trastocar ilegítimamente la Constitución, aún y cuando muchos de sus diputados ni siquiera resultaron electos para la siguiente Asamblea Legislativa. 

La finalidad de que sea una Asamblea Legislativa la que apruebe el acuerdo de reforma y sea la siguiente conformación de la Asamblea la que la ratifique, es que el electorado tenga la oportunidad de participar avalando o rechazando dicha reforma a través de su voto para diputados de la Asamblea Legislativa (en las elecciones que se dieron en 2024) y el apoyo o rechazo que ellos hayan manifestado previamente. Así, la ciudadanía no es simple espectador de las reformas, sino un participe activo. Este debate no existió. La reforma se debió aprobar mucho antes de la elección de diputados de 2024, para que la población la conociera, lo diputados manifestaran si la apoyaban o no, y se diera un debate necesario entre toda la población.

Las reformas a la Constitución son una cuestión delicada, que debe ser reflexionada por toda una sociedad y que no debe estar sujeta a la voluntad de una mayoría coyuntural. Porque la Constitución representa el pacto social bajo el cual hemos acordado vivir en sociedad, y su alteración inmediata y arbitraria causa inseguridad jurídica. Cuando la población, los empresarios, los inversionistas y cualquier persona, no goza de una estabilidad previsible sobre cuáles son las reglas del juego a las que se debe someter, las sociedades no prosperan.

Las subsiguientes reformas ilegitimas que se realicen en los próximos años, adolecerán del mismo vicio de ilegitimidad. Porque por muy aplaudible que sea la finalidad, las se reformas se han ido realizando bajo una justificación o respaldo ilegítimo. Como Centro de Estudios Jurídicos exhortamos a la Asamblea Legislativa a abstenerse de seguir realizando estos actos. Tengan en cuenta que ustedes juraron cumplir y hacer cumplir con la Constitución.