La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el viernes una serie de reformas al Código Penal que proponen un aumento significativo en las penas para una amplia gama de delitos, desde homicidios, agresiones sexuales hasta robos agravados.

El proyecto, inicialmente limitado a delitos patrimoniales, fue presentado en julio de 2024 por el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, tras ser retomado la semana pasada en la Comisión de Seguridad y Justicia, ha incluido modificaciones que amplían su alcance a delitos contra la vida, la libertad y la integridad personal.

El expediente, que fue aprobado en la plenaria del viernes 7 de febrero, ha generado un debate entre juristas, criminólogos y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes cuestionan la eficacia de estas medidas.

Ivania Cruz, representante de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), calificó las reformas como un mecanismo de “persecución política” que refleja más motivaciones ideológicas que un verdadero interés en garantizar justicia.

Según Cruz, el aumento de penas puede ser contraproducente en un sistema judicial que ya enfrenta serias deficiencias estructurales, como la falta de independencia, justicia selectiva y uso indebido de procesos judiciales.

“Endurecer penas será efectivo si el sistema de justicia se aplicara como debe ser. Pero lo que observamos es que se priorizan casos de interés político, mientras se descuidan procesos contra funcionarios involucrados en corrupción. La fiscalía sigue arrastrando miles de casos del régimen de excepción sin pruebas sólidas, lo que abre la puerta a abusos y juicios masivos”, afirmó.

Cruz también cuestionó el uso de confesiones como evidencia en los procesos penales, una práctica que, a su juicio, se presta a “chantajes y coacciones” que afectan a imputados inocentes y socavan la credibilidad del sistema judicial.

Por su parte el  criminólogo Carlos Carcach,  consideró que algunos de los aumentos son innecesarios, particularmente en casos como homicidios. No obstante, señaló que en delitos como la violación o los robos, podría haber una intención disuasoria. 

“Aunque las cifras oficiales no reflejan un aumento en los delitos patrimoniales, parece que los legisladores buscan prevenir un posible repunte. Sin embargo, no hay evidencia que respalde que este incremento en las penas tenga un impacto real en la reducción de estos delitos”, explicó.

Las modificaciones propuestas incluyen aumentos significativos en las penas de varios delitos, por ejemplo el homicidio agravado: de 30 a 50 pasa a 55-60 años; el robo agravado de 8-12 años pasa a 20-30 años, con una nueva agravante si participa un funcionario público.

Estas reformas buscan no solo aumentar las penas, sino también incluir disposiciones que amplían la responsabilidad civil y modifican los procedimientos judiciales.

Cruz señala que el sistema judicial salvadoreño está sobrecargado por los casos derivados del régimen de excepción, y que podría colapsar bajo la implementación de estas reformas. En audiencias preliminares, se han agrupado hasta 500 casos en un solo proceso, lo que dificulta la individualización de pruebas y aumenta el riesgo de condenas injustas.

“Los jueces podrían optar por soluciones rápidas, aprobando casos de manera masiva, lo que iría en detrimento de una verdadera justicia. Debería haber un sobreseimiento definitivo para aquellos contra quienes no hay pruebas sólidas, pero tememos que eso no ocurra”, concluyó Cruz.