Es imposible conciliar la inseguridad jurídica con la inversión extranjera directa, pocos serán los empleadores internacionales que se animen a instalar sus negocios en El Salvador si las reglas del juego, la Constitución de la República nada menos, pueden cambiar de un día para el otro. Mientras los propagandistas y funcionarios justifican el actual estado de las cosas con el eufemismo de una  gobernabilidad casi líquida, y desde ciertas tribunas antes respetables ahora se aplaude esa aberración como cambios constitucionales “exprés”, a cualquier efecto el estado de derecho ha quedado en entredicho.
Los valedores más escrupulosos de la última arremetida oficialista contra el orden constitucional se animan a decir que el inminente bucle de reformas a placer a la Carta Magna es resultado de las nuevas condiciones históricas, llevan meses diciendo que “el texto no está escrito en piedra”; es una afirmación válida en la forma pero ridícula en el fondo, porque la mayoría de antecedentes de reformismo constitucional en la región respondieron a una continua aspiración por afianzar un sistema democrático sobre bases jurídicas sólidas... o fueron una estratagema autoritaria o abiertamente una deriva dictatorial.
Por lo general, las dictaduras, entendidas como el ascenso de un grupo militar que asume el poder de facto, requirieron de un baño de legitimidad y lo hicieron afirmando su jerarquía abrogando la Constitución en vigor o reconociéndola siempre y cuando no se oponga a sus objetivos. Pero en el último cuarto de siglo América Latina asistió a la repetición de otro método, el de gobiernos electos de manera democrática que en pos de la continuidad presidencial urdieron manoseos constitucionales ad hoc. Confabulados con el poder judicial y las más de las veces bajo el manto de un populismo pseudo democrático, las más desveladas interpretaciones jurisprudenciales pudieron más que la rigidez de las constituciones, en todos los casos gracias a que no había una verdadera independencia judicial.
Desde el socialismo del siglo XXI a la fecha, se puede afirmar sin matices que la flexibilización de la reelección, entendida como el último estadio de la destrucción del sistema político y orden constitucional de una nación, suele darse de manera progresiva, es decir, se transita de la reelección diferida a la consecutiva, y de esta a la indefinida.  
Nadie puede afirmar que ese sea el objetivo de las más recientes decisiones oficialistas, traducidas en las actuaciones de la bancada de Nuevas Ideas y de sus satélites en el Parlamento, pero tampoco nadie puede negar que esa sea una posibilidad, tal es el agravio que se ha hecho al orden jurídico salvadoreño: la volatilidad político partidaria es una condición sine qua non de la democracia pero que ese rasgo ahora se transforme en imprevisibilidad constitucional es un efecto devastador para la convivencia nacional. La justificación, en este caso la anulación de la deuda política, es peregrina.
Lo que ha ocurrido, a ciencia y paciencia de toda la nación, es que el grupo en el poder se aprovechó de una correlación coyuntural para, primero, cambiar las reglas del juego electoral, y acto seguido valerse de una mayoría legislativa para acomodar la Carta Magna a sus necesidades. A diferencia del buen juez, que tuerce su condición conforme a la ley, el gobierno torció tanto las normas para satisfacer su condición y apetitos que se llevó de paso a la Constitución.