La organización Acción Ciudadana advirtió que la reforma al artículo 210 de la Constitución, que elimina la entrega de fondos públicos para los partidos políticos, incrementará el riesgo de financiamiento ilícito en la política salvadoreña, incluyendo la posible influencia del crimen organizado. Según la entidad, esta medida podría debilitar el sistema democrático y fortalecer a un partido hegemónico, afectando el pluralismo político.

En un comunicado emitido el 12 de febrero, Acción Ciudadana plasmó su preocupación por las consecuencias de esta reforma. Señalaron que, al eliminarse la deuda política, los partidos dependerán completamente de financistas privados, lo cual podría generar un incremento en los favores políticos y beneficiar intereses particulares. Además, la organización destacó que la falta de fiscalización adecuada podría facilitar que partidos políticos accedan a recursos prohibidos.

La reforma, promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa, ha sido ampliamente criticada por la oposición y sectores sociales. El partido ARENA calificó esta medida como una amenaza a la democracia, argumentando que el financiamiento público es clave para evitar la intromisión de estructuras criminales en la política. A pesar de estas críticas, la propuesta fue avalada por la Comisión Política antes de ser ratificada en el pleno legislativo.

Para Acción Ciudadana, la falta de transparencia en los financistas privados del partido oficialista, Nuevas Ideas, agrava el panorama. La organización subrayó que hasta la fecha no se han revelado los aportes económicos que dicho partido recibe, lo que plantea dudas sobre el impacto real de la reforma en la transparencia del sistema político.

Esta reforma aún debe ser ratificada para entrar en vigor, de acuerdo con el procedimiento constitucional salvadoreño. Sin embargo, su aprobación inicial ha generado un intenso debate sobre el futuro de la democracia en el país. Mientras los defensores de la medida argumentan que busca reducir el gasto estatal, sus detractores consideran que pone en peligro los principios democráticos fundamentales.

La eliminación del financiamiento público, según expertos, podría dificultar el funcionamiento de partidos minoritarios, limitando sus posibilidades en las elecciones y consolidando un sistema político dominado por un solo partido. En este contexto, diversas organizaciones han hecho un llamado para fortalecer la fiscalización electoral y garantizar que los cambios en la Constitución no comprometan la estabilidad democrática de El Salvador.