Los partidos del oficialismo en la Asamblea aprobaron un nuevo préstamo por $500 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que el GOES pueda fortalecer la sostenibilidad macroeconómica, fiscal y financiera del país.

El préstamo fue aprobado con dispensa de trámite por el oficialismo, por lo que no hubo ninguna explicación de ningún funcionario sobre los destinos concretos de los fondos a desembolsar.

El endeudamiento forma parte de los fondos a los que El Salvador ha conseguido acceso luego de concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en febrero pasado.

Legisladores del oficialismo como William Soriano y Ana Figueroa aplaudieron el nuevo endeudamiento en que incurrirá el país, al asegurar que el mismo era necesario para ejecutar estrategias de mejora fiscal en el país, pero sin detalles concretos sobre el uso de los fondos.

Mientras, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) cuestionó la aprobación debido a la falta de información del mismo, y a que de nuevo se recurrió a la dispensa de trámite, lo que impidió su discusión.

“El país va cayendo en más deudas y comprometiendo a las futuras generaciones.Nosotros propusimos que ningun préstamo se pudiera aprobar con dispensa de trámite sino que los documentos debían ir a estudio de comisión pero evidentemente no nos apoyaron”, lamentó.

Si bien la iniciativa menciona en sus considerandos los conceptos de sostenibilidad macroeconómica, fiscal y financiera, el economista Rafael Lemus consideró contradictorio que en el articulado del decreto, específicamente en su artículo 3, se diga que los fondos se podrán usar para financiamiento y apoyo de caja fiscal del ministerio de Hacienda.

“El objetivo no es apoyar la caja fiscal de Hacienda ni cubrir deficiencias de ingresos. Se supone que hay un presupuesto del año 2025 que el GOES ya dijo que está completamente financiado”, recordó el economista.

En ese sentido, Lemus señaló que los fondos del préstamo del BID, si son para sostenibilidad macroeconómica y fiscal, deben tener otro destino.

“Lo que se asumiría es que ese dinero debe entrar al Banco Central y después Hacienda podría, entre otras cosas, pagar bonos que estén venciendo, CETES, LETES, cancelarla y quedarse con estos préstamos”, explicó.

 “Lo que estaría haciendo es sustituyendo deuda y a tasas de interés más bajas”, agregó.

Según el resumen del proyecto acordado entre el BID y el gobierno de El Salvador, disponible en el sitio web del banco, los fondos del préstamo se entregarán en un solo desembolso.

El Salvador tendrá un plazo de siete años para cancelar el mismo, con un período de gracia de 36 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato. Para amortización del préstamo, se pagarán cuotas semestrales; aunque los intereses se comenzarán a pagar seis meses después de entrada en vigencia del mismo.