La familia de Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), emitió un comunicado en el que calificó su reciente detención como "ilegal" y parte de una "venganza política". 

“Consideramos que la detención es una venganza política y que la captura además de ilegal, es un claro hostigamiento que vulnera los derechos más fundamentales de Eugenio Chicas Martínez”, expresa el comunicado compartido en la red social X por Blanca Stefany Ayala Martínez, cónyuge del detenido.

La misiva asegura que Chicas no ha intentado evadir la justicia ni salir del país, a pesar de haber enfrentado ataques y acusaciones en su contra. También menciona que la Corte Suprema de Justicia, según la familia, inició un proceso administrativo por enriquecimiento ilícito en su contra, argumentando que algunas transacciones no habían sido documentadas. No obstante, se afirma que Chicas presentó los documentos necesarios para comprobar la legalidad de sus ingresos.

“La Corte Suprema de Justicia, cooptada por el Gobierno, le siguió un proceso administrativo por enriquecimiento ilícito en donde maliciosamente afirmaron que algunas transacciones no se habían comprobado o justificado documentalmente, a pesar de que se presentaron todos los atestados para desvanecer tales acusaciones, comprobando la procedencia lícita de todos sus ingresos de Eugenio Chicas y del grupo familiar”, explica la publicación. 

Asimismo, la familia denuncia irregularidades en el proceso, citando como ejemplo una cantidad de $50,000 que Chicas recibió por un proceso penal previo, en el que acusó por calumnia al presidente Nayib Bukele. Según la familia, estos fondos, de origen lícito, no fueron considerados en el proceso actual.

El comunicado también sostiene que Chicas ha enfrentado un proceso en un órgano judicial que, según sus palabras, "no goza de independencia". Aseguran que actualmente el caso se encuentra en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia  para su revisión. La familia enfatiza que no se han detectado ingresos ilícitos en su contra y que la detención se dio sin que el proceso en sede civil haya concluido.

“Posteriormente, en sede judicial Eugenio ha tenido que enfrentar un Órgano Judicial cooptado que no goza de independencia para ejercer su labor. Actualmente, el caso se encuentra en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión de la Cámara. Es decir, el caso en sede civil aún no ha concluido. Es importante aclarar que ninguna de las autoridades judiciales detectó ingresos ilícitos”, continúa la misiva.

El exmagistrado fue capturado en la mañana del pasado jueves 13 de febrero por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) después que regresaba de dejar a su hijo en el centro educativo donde estudia, según sus familiares. 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó posteriormente a través de sus redes sociales que Eugenio Chicas es acusado del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública, por el cual había sido condenado en sede civil en noviembre pasado.

Luego, el 12 de noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador declaró culpables a Eugenio Chicas y su grupo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito, ordenándoles reintegrar $202,557.51 al Estado, una cantidad $80,000 menor a la solicitada por la Fiscalía en su acusación.

Según el fallo de la Cámara, el exfuncionario debe reintegrar $173,705.57; su cónyuge, Blanca Ayala Martínez, $11,282; su hijo, Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge, Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50. Además, Chicas ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.