La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes 24 de febrero en el Juzgado Segundo de Paz de San Juan Opico, la acusación en contra de los líderes comunitarios, Medardo Arnoldo Rodríguez Hernández y Alejandra Jeanette Cañas, a quienes señala de comercializar ilegalmente lotificaciones o parcelas, así como resistencia agresiva.

Según la acusación dada a conocer en la cuenta de la red social X de la Fiscalía, "ambos imputados se encontraban reunidos con 70 personas más, en un terreno conocido como Hacienda La Floresta ubicada en San Juan Opico, La Libertad Centro; en donde realizaban mediciones del terreno para comercializarlo a personas de escasos recursos por cantidades de $100 y $200".

Al momento de la captura señala el ministerio público, los imputados tenían en su posesión "armas blancas" y cuando observaron la presencia de las autoridades "iniciaron los ataques", por lo que se les agrega el delito de resistencia agresiva.

Tanto la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), como habitantes de la comunidad, denunciaron en su momento la captura de ambos líderes comunitarios, quienes en 2024 denunciaron intentos de desalojo en la localidad y que  ahora están en un proceso judicial.

De acuerdo con Ivania Cruz, abogada y vocera de Unidehc, las acusaciones de la Fiscalía son "totalmente falsas" y aclara que tanto Medardo como Alejandra fueron electos como líderes en una directiva que buscó organizar a la comunidad ante el proceso judicial que enfrentan.

"Una vez más las instituciones se prestan a los grandes empresarios y el poder del régimen de Bukele. Estas declaraciones de la Fiscalía son totalmente falsas, lo único que  están haciendo es justificar una captura arbitraria de quienes en ese momento estaban dentro de la comunidad organizando a las personas. Unas semanas atrás habían sido electos en una junta directiva y es justamente cuando la comunidad se comienza a organizar es que están haciendo una criminalización a los líderes de La Floresta", dijo Cruz.

La abogada señala que la comunidad mantiene un proceso civil de prescripción y que Unidehc está dando el apoyo a los habitantes. Aclara que la actividad realizada el 9 de febrero era realizada con el equipo técnico con la Unidad y que los líderes no tienen nada que ver con la recolecta de dinero con interés propio.

"En ningún momento se ha realizado un hecho o acto ilícito, sino que iban a realizarse diligencias en el marco del proceso de la ley. Este tipo de falsedades, así como argumentar que ellos tenían armas blancas, es parte de justificar la detención arbitraria", agregó.

Unidehc hará la representación legal de los líderes comunitarios y piden la libertad de los líderes de La Floresta. 

LA PRENSA GRÁFICA consultó con la unidad de comunicaciones de la FGR, para preguntarles sobre lo mencionado por Cruz,  pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.