
Entre 2022 y 2024 el gobierno anunció en varias ocasiones que estaba a punto de llegar a un acuerdo con el FMI y trató de restarle importancia al hecho que el mantener al bitcóin como moneda de curso legal, con aceptación obligatoria en el país, era el más grande obstáculo para lograr el apoyo del FMI.
El gobierno salvadoreño inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al inicio de la pandemia en abril de 2020, lo cual le permitió recibir un desembolso de cerca de $500 millones de parte del FMI en mayo de 2020 y además le permitió hacer una emisión de $1,000 millones en bonos internacionales en julio de 2020.
En noviembre de 2021el gobierno salvadoreño dijo que estaba a punto de llegar a un acuerdo con el FMI, pero la decisión de hacer del bitcóin moneda de curso legal, la creación de FIDEBITCOIN, la creación de chivo wallet y el anuncio en Mizata de la emisión de los llamados “bonos volcán”, expresados en bitcóin, para construir “Bitcóin City” en La Unión, hicieron que el FMI desistiera de la posibilidad de otorgar un programa al gobierno salvadoreño.
Entre 2022 y 2024 el gobierno anunció en varias ocasiones que estaba a punto de llegar a un acuerdo con el FMI y trató de restarle importancia al hecho que el mantener al bitcóin como moneda de curso legal, con aceptación obligatoria en el país, era el más grande obstáculo para lograr el apoyo del FMI. No fue sino hasta el 30 de enero de 2025 que el gobierno aprobó una nueva ley bitcóin que eliminó el que fuera moneda de curso legal, que solo fuera de aceptación voluntaria por privados y que el gobierno ya no lo aceptara para pagos, que el FMI llevó a su directorio el programa salvadoreño para aprobación de dicho órgano decisorio del FMI. Las reformas a la ley bitcóin, que básicamente eliminó la ley que regulaba al bitcóin, entrarán en vigor en mayo de 2025.
El documento publicado por el FMI es muy claro en los objetivos del programa negociado con el gobierno salvadoreño, que se resumen en un ajuste fiscal de 3.5% del PIB en 3 años; reconstruir los amortiguadores de liquidez para fortalecer la estabilidad financiera y la viabilidad del sector externo; mejorar la gobernanza y la integridad financiera fortaleciendo la transparencia fiscal, al igual que marcos legales anti corrupción y de lavado de dinero; y enfrentar los riesgos del proyecto del bitcóin, alineándolo con las políticas del Fondo y con las mejores prácticas internacionales. Sobre este tema agrega que se debe hacer una reforma legal para que solo el sector privado pueda aceptar bitcóin de manera voluntaria, los impuestos sólo sean pagados en dólares, se prohíban las compras de bitcóin por parte del gobierno mientras esté vigente el programa con el Fondo, que la participación del gobierno en la chivo wallet se vaya eliminando gradualmente y que se de a conocer la auditoría de FIDEBITCOIN.
El Fondo hace un profundo análisis sobre los significativos desequilibrios macroeconómicos y establece que debe elevarse la reserva de liquidez de los bancos a 15% del total de los depósitos, que el 60% de los recursos que le otorgue el FMI al gobierno puede ser usado para “apoyo presupuestario” y que el 40% restante debe ser utilizado para fortalecer las reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva. Además, define que hará revisiones de metas durante los primeros dos trimestres y luego semestralmente durante los 40 meses de vigencia del acuerdo.
Si el gobierno salvadoreño cumple con las metas negociadas entonces le desembolsará $1,400 millones en ese período de tiempo. Para iniciar los desembolsos debe cumplir con ciertas condiciones preestablecidos. El Fondo apoyará que otros organismos internacionales le provean un estimado de $2,200 millones en financiamiento adicional al gobierno, durante la vigencia del acuerdo, siempre y cuando vaya cumpliendo con las metas establecidas.
El Fondo destaca que hay riesgos en la implementación del ambicioso programa fiscal y las reformas estructurales, por la incertidumbre económica internacional y por las rigideces que establece la dolarización. Habrá que esperar la fecha de inicio del programa y el posterior cumplimiento del gobierno durante los siguientes 40 meses de ejecución.
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