Poco le interesa al gobierno dialogar sobre urgentes temas como el de la minería y sus potenciales efectos, el desabastecimiento del sistema de salud pública o el final del régimen de excepción. Así como lo hizo en otras coyunturas decisivas y costosas para la nación, prefiere sostener su narrativa a través de la red de propaganda que financia con dinero de los contribuyentes sin someter sus ideas a debate, en lo absoluto dispuesto a contrastarlas y enriquecerlas.
Afirmarlo es cualquier cosa menos un descubrimiento, ya en sus primeros años como funcionario el mandatario exhibió ese desinterés por la discusión. Rodearse de un círculo de asesores en márketing político le sirvió en un principio para conectar con los intereses más elementales de la población y retomarlos en su discurso, y hacerlo de manera fresca, en clave maniquea, un ellos y un nosotros seductor que se convirtió en formidable ariete contra la ya casi extinta partidocracia.
Como resultado de su éxito, la cúpula política insistió en esa simplificación de la realidad nacional que divide el espectro entre buenos y malos, entre los aliados y los enemigos del pueblo. Como resultado, después de cinco años en el poder el oficialismo ha deslegitimado a fuerza de insultos a todos los interlocutores, desde la academia a la sociedad civil organizada, sindicatos, la iglesia, los tanques de pensamiento, y no cuenta con un contenido lo suficientemente orgánico como para llenar ese vacío en el tinglado democrático. El único modo sería conformando un espacio para la conversación, para que haya un resquicio de dialéctica razonable que le ahorre a las salvadoreñas y salvadoreños la crispación y el griterío.
Que no se tome esa decisión y que se prefiera insistir en la mediocre recreación de debate nacional a través de los opinadores, evangelistas y analistas a sueldo es un dato importante, porque delata la determinación oficialista de profundizar en esa ruta, de ejecutar disciplinadamente ese método. Es a todas luces un error estratégico cuando la administración se encuentra a las puertas de unas medidas de ajuste más fuertes, cuando el proyecto minero le ha costado adhesiones y en la medida que el centro del poder se aísla poco a poco de las expectativas y ansiedades de las mayorías.
Incorporar a la población y a los sectores más proactivos, críticos e independientes a la conversación pública es siempre una buena idea, un modo de descompresionar las tensiones y de aterrizar a los diseñadores de las políticas, proclives a fijarse más en los índices de popularidad y en los indicadores macroeconómicos y en garantizar el control social que a reparar en lo que la gente siente y espera.
Poco debería importarle a la administración si quienes marchan contra sus proyectos son multitudes o unas cuantas decenas de ciudadanas y ciudadanos; lo que tiene que entender es que lo hacen, que salen a la calle a expresarse pese al hostigamiento y al vituperio porque creen que es la última alternativa para expresar su opinión sobre las decisiones gubernamentales. Que no le interese abrir válvulas, puertas y puentes para el intercambio con la población es a la vez una lamentable táctica, una violación a su mandato constitucional y la siembra de unos vientos peligrosos