La puesta en marcha de CAPI tiene beneficiarios; y también instituciones que han optado por modalidades que no convienen a sus trabajadores.
La obligatoriedad en el cumplimiento de lo Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) ha dado sus primeros pasos.
Desde septiembre de 2024 es obligatorio para el gobierno central y desde el presente mes de marzo de 2025 se sumó la obligatoriedad para municipalidades y empresas privadas.
La implementación de los CAPI, ordenada por sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2017, ha llegado más por el lado privado que público.
Esto, debido a que de los 32 centros autorizados por CONAPINA, 27 son centros instalados para ofrecer el servicio a cambio de un precio. Y solo cinco son centros instalados por instituciones públicas (4) o alguna empresa privada (1).
La Ley Crecer Juntos contemplaba inicialmente que para cumplir la exigencia de CAPI se debía instalar uno propio, unirse entre varias instituciones e instalar uno o contratar los servicios de uno que estuviera autorizado.
Luego se añadió la opción de entregar un subsidio económico y que fuera el empleado el que buscara dónde inscribir a su hijo siempre y cuando fuera un CAPI autorizado por el CONAPINA.
Estas dos últimas son las que la mayoría de instituciones y empresas han elegido. Pero esto ha derivado en varias historias. Estas son tres de ellas:
Sandra (nombre ficticio) trabaja en una empresa privada. Tiene un bebé de 18 meses y la ventaja que tiene es que su esposo y otros familiares pueden cuidar al niño.
Sandra y esposo no habían considerado un CAPI como una opción para el cuidado de su hijo, pero cuando del área de recursos humanos le llamaron para ofrecerle el servicio, la idea pareció atractiva, pero ella dice que creyó que el beneficio era “flexible”.
“Confieso que en un inicio no me parecía atractiva la idea. Es mi primer hijo y tengo la ventaja de hace ‘home office’ por las mañanas y paso con él un ratito. Pregunté si se podía llevar por las tardes, me dijeron que no; o si también podía llevarlo al menos tres días a la semana, tampoco me lo aceptaron. Entonces al final decidimos que no lo llevaríamos”, aseguró.
El abogado Jaime Solís, experto en derecho laboral, explicó que la ley dicta que el CAPI tiene un horario establecido de lunes a viernes y lo consideró un “punto gris” en la normativa.
“Imagínese que tiene al niño enfermo, no lo va a mandar enfermo, con gripe, que vaya a contagiar a otros niños. Entonces, sí hay hay temas como la asistencia que están todavía en gris. La empresa debería contemplar el tema de asistencia en su política”, afirmó el abogado.
Además, Sandra dijo que cuando le ofrecieron el beneficio en su empresa le dijeron que debía llevarlo todos los días, “sí o sí”. Aseguró que la persona que le explicó sobre el CAPI trató de guiarla a que no lo aceptara, lo cual le pareció raro.
“Cuando me estaba explicando en qué consistía el CAPI me decía ‘no lo va a ver en todo el día, tiene que levantarse bien temprano para ir a dejarlo, es un sacrificio que hará’, cosas así. También eso me orilló a no llevarlo. La persona trató de guiarme a que no lo tomara, pese a que lo había reconsiderado. Finalmente no lo acepté”, recordó Sandra.
Agregó que días después la llamaron y le pidieron que firmara una carta en la que detallaba la razón por la que no aceptaba el llevar al niño al CAPI.
“Decía que la empresa me lo había ofrecido, pero yo no acepté porque ya sea mi esposo u otros familiares cuidan a mi bebé. Me dieron ganas de decirle que no lo acepté porque me metió culpa de dejar al niño tanto tiempo solo”, dijo.
La inversión que hacen las empresas en el CAPI, detalló el abogado Solís, es dedudicible de la renta. “Todo lo que yo gaste como empresa en el CAPI va a ser deducible del impuesto sobre la renta”.
Claudia (nombre ficticio) trabaja para el gobierno. Es madre soltera. Y pese a que desde septiembre de 2024 el gobierno central debe cumplir con lo regulado en la Ley Crecer Juntos sobre los CAPI, Claudia no tiene acceso a uno, ya que la opción que la institución para la que labora ha elegido no le es conveniente.
De las cuatro opciones que la ley ofrece para cumplir con la prestación, en el gobierno solo Cancillería, la Fuerza Armada, CEL y CONAPINA han optado por instalar CAPI propio.
Pero Claudia trabaja para una institución que optó por pagar el subsidio a sus empleados. Cada mes le deberían ser entregados $151 para cubrir el costo promedio de los CAPI; siempre y cuando demuestre que ha matriculado a su hija en un centro autorizado por CONAPINA.
El problema radica en que, de los 22 centros autorizados en San Salvador, ninguno le ajusta a Claudia en su recorrido diario. Los que ha identificado como más cercanos a su vivienda le implican desviarse de su ruta del trabajo, tomando en cuenta que vive en Mejicanos, y transita hasta el Centro de Gobierno.
“Hay varias guarderías y varios centros de cuidado; muchos se llaman CAPI hoy, pero no están autorizados”, explica.
En relación a los CAPI considerados como opciones, Claudia valoró otros detalles y decidió no hacer valer su derecho a la prestación.
“Tengo que tomar en cuenta el tiempo que me va a llevar llegar al CAPI autorizado y luego el tiempo del CAPI a mi lugar de trabajo. Tendría que salir con mi hija antes de las 6 de la mañana, porque son casi 45 minutos/una hora para llegar a alguno de los CAPI autorizados”, fueron parte de sus consideraciones.
“Al salir, yo tendría que salir corriendo para ir a traer a mi hija también. Lo que sucedería por la mañana es el mismo círculo que pasaría por la tarde, tomando en cuenta que en la tarde hay más tráfico”, agregó la empleada de gobierno.
Dadas todas las condiciones anteriores, a Claudia no le quedó otra opción que su hija sea cuidada por la misma señora que se encarga de las tareas domésticas, a la que debió agregar un extra en su pago por la responsabilidad encargada.
La trabajadora consideró que, por laborar en el centro de gobierno, hubiera resultado ideal que los ministerios se unieran para instalar un CAPI general de ministerios. “Sería lo ideal. Sería perfecto. Si se quisiera avanzar en el tema realmente, sería lo ideal”, sentenció.
Como muchas madres trabajadoras, María López sabía que encontrar un lugar seguro y adecuado para su hijo sería un reto.
“Desde que supe que volvería a trabajar, me preocupaba mucho dónde dejarlo. No quería que pasara el día con cualquier persona, necesitaba un lugar donde lo cuidaran bien, donde estuviera seguro”, cuenta María.
Para su alivio, su empresa le ofreció la posibilidad de inscribir a su bebé, Diego, de 10 meses, en un CAPI, un espacio diseñado especialmente para niños desde los primeros meses de vida. Este beneficio estaba disponible para los empleados desde antes de que entrara en vigencia la Ley Crecer Juntos, lo que permitió a María aprovecharlo desde el principio.
“La noticia me dio muchísima tranquilidad. Me explicaron que el CAPI tenía personal especializado, que los niños recibían estimulación temprana y que incluso nos daban asesoría a los padres sobre el desarrollo de nuestros hijos. No lo dudé ni un segundo”, relata.
Desde entonces, cada mañana deja a Diego en el centro antes de dirigirse a su trabajo. Para ella, ha sido un cambio enorme en su rutina y en su tranquilidad como madre. “Al principio tenía miedo de separarme de él, pero después de las primeras semanas me di cuenta de que estaba feliz ahí. Lo veo más despierto, más activo, ha aprendido a interactuar con otros niños y hasta ha mejorado su alimentación”, dice con una sonrisa.
El CAPI donde asiste Diego cuenta con especialistas en estimulación temprana, psicólogos infantiles y cuidadores capacitados para atenderlo según sus necesidades. “Me encanta que tienen un espacio especial para lactancia y que nos explican cómo seguir estimulándolos en casa. También me envían fotos y videos durante el día, así sé cómo está”, dice.
Saber que Diego está en un entorno adecuado, rodeado de profesionales y recibiendo el cuidado que necesita, le permite desempeñar su trabajo con mayor tranquilidad. “Ahora puedo concentrarme sin estar preocupada todo el tiempo. Sé que está bien, que está aprendiendo y creciendo en un ambiente seguro. Y cuando lo recojo por la tarde y lo veo sonreír, sé que tomé la mejor decisión”.
Para María, el acceso a un CAPI no solo ha sido un beneficio laboral, sino un respaldo esencial en su maternidad. “Esto no es un lujo, es una necesidad. Ojalá más empresas entiendan lo importante que es para nosotros como padres y para el futuro de nuestros hijos”.
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